El Parlamento Europeo pide información para investigar los impagos a la vivienda en la época de Bonig

VALENCIA, (EP). La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, solicitando "información adicional" sobre los impagos en ayudas a la vivienda que se produjeron durante la gestión de la exconsellera del ramo Isabel Bonig, y que afectó a más de 60.000 familias alcanzando una deuda que, según la plataforma de afectados, podría rondar los 338 millones de euros.

En la misiva, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, explica que la Eurocámara estudió los días 18 y 19 de abril una petición sobre el impago de las ayudas a la vivienda y la restricción de la subsidiación de préstamos en la Comunitat.

En esta reunión, añade, la comisión decidió solicitar información adicional a la Generalitat Valenciana sobre las medidas tomadas con respecto a este tema. Con la información que reciba, la Comisión Europea dictará un nuevo informe sobre los impagos.

Según ha informado la Associació Impagats Habitatge Comunitat Valenciana en un comunicado, cuando el pasado 18 de abril los afectados acudieron a Bruselas para denunciar la situación de los afectados, la deuda estimada era de unos 278 millones de euros --241 millones de ayudas contabilizadas más 37,4 millones de ayudas de la resolución 501--.

Sin embargo, la entidad ha indicado que "recientemente se ha descubierto que esta cifra era mayor, sobre los 338 millones, al saberse que la anterior consellera de Vivienda, Isabel Bonig, dejó sin tramitar unas 1.100 solicitudes de ayudas a la vivienda que suponen unos 60 millones adicionales".

Además, "se ha sabido que la anterior consellera Isabel Bonig recibió del Ministerio de Fomento 16,5 millones de euros en ayudas a la vivienda que nunca se pagaron a los beneficiarios a los que iban dirigidas", ha manifestado.

Gestión "irregular"

Del mismo modo, los afectados denuncian que el anterior Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana "gestionó supuestamente de manera irregular las ayudas durante los años 2008-2015", ya que "dio subvenciones por encima de lo presupuestado, tal y como quedó reflejado en el informe de la Sindicatura de Comptes".

Asimismo, "realizó escasos pagos que, alterando el orden de prelación, terminaron por beneficiar a entidades financieras y a las constructoras" y, además, en 2011, "alteró las resoluciones de concesión de las ayudas --conocidas como tipo 501--, en las que reconocía únicamente los requisitos para acceder a las mismas pero eludiendo la concesión definitiva", una situación que "provocó que 6.000 familias se quedaran sin poder acceder a su ayuda, una vez ya comprometidas con sus préstamos hipotecarios protegidos".

La asociación también ha denunciado que a finales de 2012 la Generalitat "desvió el dinero de las ayudas a la vivienda para pagar compromisos judiciales con el ERE del Instituto Valenciano de la Vivienda SA", así como que "no dedicó los fondos finalistas que recibió del Gobierno de España al pago de las ayudas a la rehabilitación y dejó sin resolver numerosas peticiones de ayudas, cuando no las denegó de manera arbitraria".

La Associació Impagats Habitatge ha recordado que las Corts Valencianes aprobaron el pasado de 20 de mayo una resolución para proceder al inicio de la investigación sobre la gestión de los impagos de Isabel Bonig entre los años 2008 y 2015, sobre diversos aspectos.

En concreto, sobre la diferencia entre las previsiones económicas de los diferentes planes de vivienda y las partidas consignadas en el presupuesto de la Generalitat; el otorgamiento de ayudas sin disponibilidad presupuestaria y la posible inadecuación de las fases contables con el no reconocimiento de la obligación en miles de ayudas; y la "problemática" generada por las resoluciones 501 de reconocimiento del cumplimiento de requisitos.

Las Corts también decidieron reclamar investigar las comunicaciones entre la conselleria competente y los servicios territoriales, respecto de instrucciones denegatorias de pagos de ayudas ya reconocidas; la documentación justificativa de las transferencias del Estado a la Generalitat en el marco de los convenios relativos a los planes estatales de vivienda y rehabilitación; y las denuncias o reclamaciones presentadas por entidades físicas o jurídicas afectadas por impagos de las ayudas a la vivienda.