Ximo Puig y Mónica Oltra, en el pleno de este jueves. Foto: I. CABALLERVALENCIA. El documento resumen del Plan de Ajuste de la Comunitat Valenciana, publicado por el Ministerio de Hacienda, contiene junto a los ajustes económicos comprometidos por el Consell de Ximo Puig, una serie de compromisos de reformas estructurales que puso en marcha el Gobierno popular de Alberto Fabra que, en algunos casos, se contradicen con el discurso del actual Ejecutivo.
Así, se incluye el compromiso: "Flexibilización de horarios comerciales: aumento de festivos de apertura y de horas semanales de apertura para todos los establecimientos", que choca con el planteamiento de la Conselleria de Economía. La portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Isabel Bonig, se felicitó este jueves en el debate sobre este Plan de Ajuste de que el Gobierno de Puig haya asumido esta y otras medidas que su partido defiende, pero lo cierto es que no es así.
Se trata, como aclararon en Hacienda, de un copia-pega de medidas anteriores. Según explicaron a Valencia Plaza fuentes de la Conselleria, "el Ministerio pide que se pongan todas las medidas vinculadas a la dinamización económica que estén en vigor, con independencia de cuándo se adoptaron, y que no hayan sido derogadas". Es el caso de los horarios comerciales o de la reducción de cargas administrativas "al término de 2012", compromiso que no aporta al documento otra cosa que confusión.
Según las mismas fuentes, que figuren esos compromisos en el documento "no quiere decir que el Consell actual los asuma", observación que convierte esta parte del Plan de Ajuste en papel mojado.
Entre los compromisos copiados de documentos anteriores figura la simplificación de trámites para apertura de negocios sobre la base de declaración responsable, la adaptación expresa de la ley autonómica en materia de colegios profesionales a la normativa básica o la centralización de compras de medicamentos y productos sanitarios destinados a hospitales.
También, la regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas, la limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, la reducción del número de miembros de los consejos de administración de las empresas del sector público y la publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos.
