MADRID (EP). El Gobierno contempla sustituir al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de Cataluña, Oriol Junqueras, si aplica el artículo 155 de la Constitución en los próximos días, como prevé si no es satisfactoria la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno. Además, el Ejecutivo estudia reforzar el control sobre la Hacienda pública catalana con medidas adicionales a las que ya está aplicando, según informaron fuentes del Ministerio de Hacienda.
Desde el Ejecutivo se considera que el vicepresidente catalán es el responsable de ahuyentar la inversión en Cataluña. Situación que se ha agravado con la huida de las empresas, que comenzó con el anuncio del Banco de Sabadell, seguido de la Caixa y de otras grandes empresas y que suma ya 700 traslados de domicilio social.
Además, argumentan la irregularidad que supone el hecho de que la Generalitat catalana haya celebrado un referéndum ilegal sin reflejo en el presupuesto público. "¿De dónde ha salido el dinero para pagar toda la infraestructura?", se preguntan en el Ministerio de Hacienda, que ha enviado ya dos contratos menores a la Fiscalía por su posible relación con el referéndum ilegal del pasado uno de octubre. Se trata de dos contratos de publicidad por poco más de 10.000 euros.
No obstante, en el Ejecutivo son conscientes de que con esa cantidad no se paga la consulta que tuvo lugar el pasado primero de octubre y por ello remiten a la investigación de la Justicia para averiguar de dónde salieron los fondos.
En cualquier caso, la previsión es que, si finalmente se aplica el 155 de la Constitución, el Ministerio de Hacienda refuerce los controles sobre la Hacienda catalana. Para ello, se contemplaría la salida de Oriol Junqueras, que tendría que ser sustituido, según las fuentes consultadas, por una persona con un perfil técnico, con conocimientos del funcionamiento de la Hacienda.
Además, se aumentaría el control sobre otros aspectos como lo es la recaudación de la Generalitat, que ahora constituye el 20 por ciento del total y también se prevé supervisar el gasto de los organismos autónomos. Algo que, aseguran, se ha comenzado a realizar ya, pero que aún tiene recorrido por ejecutar.
Las fuentes consultadas explican que la intervención de las cuentas catalanas que puso en marcha en septiembre el Ministerio de Hacienda, con la necesidad de autorización para de todos los pagos y el acuerdo de no disponibilidad de gasto, se prolongará hasta que la legalidad constitucional sea restituida en esta comunidad autónoma.
Y seguirá así aún en el caso de que Carles Puigdemont convoque unas elecciones autonómicas, aunque las llame elecciones constituyentes. Sería el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro quien controlaría todo el presupuesto electoral y decidiera la autorización de los pagos.
Así, para realizar cualquier gasto electoral, la Generalitat tendría que pedir a Hacienda el título habilitante para gastar.
El mismo que tendrá que pedir para poder donar los 300.000 euros que anunció ayer el consejero de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva, para los acuerdos de paz entre la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, según fuentes del Ministerio.
En este sentido, recuerdan que el Presupuesto catalán está cerrado y que si ésta cifra no estaba presupuestada con anterioridad a las medidas adoptadas por Hacienda, no se podrá hacer efectiva por parte de la Generalitat.
El Ministerio ha pagado, con cargo al sistema de financiación, un total de 940 millones de euros de gastos ordinarios del Gobierno catalán -educación, sanidad, servicios sociales y funcionarios- entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, a los que habría que añadir la parte que le corresponde a la Generalitat catalana del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Según los propios datos de Hacienda, a Cataluña le corresponden 1.400 millones mensuales del sistema de financiación autonómica. Pero el remanente de esta cantidad será ingresado en una cuenta que se va a crear en el Banco de España, específicamente para este fin. De ella se hará cargo la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, según la orden del Ministerio de Hacienda que hoy publica el Boletín Oficial del Estado.