FOTO: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. (EP). El grupo parlamentario 'popular' en las Corts Valencianes ha denunciado este lunes que la Ley de la Huerta es una norma "confiscatoria" e "inconstitucional" por lo que ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional (TC) "si se aprueba en los términos en la que está redactada" porque "expropia propiedades y promueve los arrendamientos forzosos".
Además, ha señalado que se trata de una norma que frenará el desarrollo del área metropolitana de València porque "no se podrá construir nada nuevo ya que los suelos urbanizables donde se podía prever un desarrollo sostenible no se desarrollarán y, por lo tanto, se disparará el precio de la vivienda", según ha informado en un comunicado.
El secretario general del grupo parlamentario 'popular' y la portavoz de Medio Ambiente y Vivienda, Luis Santamaría, y Elisa Díaz han anunciado que presentarán 65 enmiendas a la Ley de la Huerta que prepara el Consell y que "no incorpora la voz de los agricultores". "Nos resulta curioso que una norma que viene a proteger a la huerta no preste atención a quienes son los principales protagonistas", han lamentado.
Según el PP, se trata de una norma "de carácter confiscatorio" porque "permite la expropiación de los terrenos cuando no estén cultivados por un periodo de dos años y además permite el arrendamiento forzoso". Por ello, solicitará la retirada del proyecto de ley recogiendo las aportaciones que haga la Asociación Valenciana de Agricultores AVA-Asaja porque "no se pueden imponer cargas nuevas a los agricultores si no aseguramos la viabilidad de las explotaciones".
Desde el PP proponen la elaboración de un Informe de Viabilidad de las explotaciones, un Plan de Desarrollo Agrario y que se pacte con las organizaciones agrarias las compensaciones económicas que sobrecargarán a los agricultores.
Los 'populares' han defendido que el PP "está a favor de proteger la huerta y la mejor manera de hacerlo es garantizando la viabilidad de las explotaciones agrarias" es decir "garantizando la actividad rentable, asumible y el relevo generacional".
Así, Santamaría ha explicado que el PP "ve con alarma que se pueda privar de su propiedad a los agricultores valencianos" lo que evidencia que "detrás hay un intento de terminar con una forma tradicional de vida y con los agricultores de toda una vida que serán relegados por colectivos muy cercanos a quienes han redactado la norma".
El PP ha denunciado que la Ley dejará fuera de las ayudas al 65 por ciento de los agricultores de València y su área metropolitana ya que sólo podrán acceder los agricultores profesionales, los que reciben 50% de sus ingresos por esta vía y se olvidan de los propietarios de los terrenos y de los agricultores jubilados.
En esta línea, han criticado el carácter "especulativo" de la norma porque "hay un riesgo de que la huerta termine en manos de unos pocos, profesionales vinculados a este gobierno que tendrá la posibilidad de acumular parte de la huerta valenciana".
Además, ha explicado, se "sobrecarga" al agricultor con nuevas tasas; se le prohíbe acumular la estructura parcelaria, "cuando es una manera de hacer viable la explotación"; se le prohíbe modificar el tipo de cultivo y se crea un órgano gestor sin agricultores que decidirán "qué tipo de cultivos se planta, qué tipo de regadío debe utilizar, qué explotaciones serán expropiadas, qué arrendamientos forzosos se realizarán al tiempo que prohíbe los cultivos con fitosanitarios y vincula las ayudas a lo ecológico".
El PP ha advertido además de que la Ley limita las construcciones agrícolas en las explotaciones como los invernaderos y no incluye ninguna medida relativa al agua. "¿Cómo vamos a defender la supervivencia de la huerta sino se incluye ninguna medida relativa al agua?", se han preguntado, y han anunciado que incluirán una enmienda que recoja "el derecho del agricultor al agua para poder hacer viable las explotaciones".
Por su parte, la portavoz de Medio Ambiente y Vivienda, Elisa Díaz, ha denunciado que una norma que pretende proteger a la huerta haya sido desarrollada por la Conselleria de Vivienda y Urbanismo y no por la de Agricultura. "Esto es lo que le importan los agricultores al tripartido", ha dicho, y ha añadido que si este departamento "no ha intervenido para nada, no sabemos si no es que no ha querido o no se le ha consultado".
