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VALÈNCIA (EP). El grupo 'popular' en Les Corts ha anunciado que solicitará la comparecencia en sede parlamentaria del director de la Agencia Antifraude, Joan Antoni Llinares, para que explique "el acuerdo alcanzado con la Conselleria de Justicia para investigar denuncias sobre fraude y corrupción que podrían afectar directamente a la administración".
El portavoz de Justicia del PP, José Císcar, ha mostrado en un comunicado sus "dudas" respecto a este acuerdo ya que, según ha dicho, "la Ley de creación de la Agencia establece que se crea para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas".
"Así pues, y ante la presentación de denuncias que pudieran afectar directamente a la administración, estaríamos ante una situación cuanto menos llamativa, en la que Antifraude daría cuentas al propio investigado de las acciones que se realiza", ha manifestado.
A su juicio, "este acuerdo es una demostración de que la Agencia Antifraude no es el organismo independiente que nos quieren vender".
Císcar ha cuestionado que la explicación de Antifraude y Justicia "sea que se busca eliminar duplicidades, porque eso evidencia que hay un problema de fondo".
Al respecto, ha señalado que las competencias de la Agencia Antifraude y de la Inspección General de Servicios -máximo órgano de control interno en la Generalitat- "están recogidas en sus respectivas leyes, y si se cree que hay una duplicidad es que uno de los dos organismos sobra", ha añadido.
El diputado 'popular' ha señalado que el Consell, "a través de la consellera (Gabriela) Bravo, quiere marcar de cerca el trabajo de Antifraude y disfraza de acuerdo lo que en realidad es el abrazo del oso para eliminar sus cometidos".
"A nadie le cabría en la cabeza que la Policía compartiera información sobre una investigación con la persona a la que investiga, y de la misma manera Antifraude no puede compartir información con la administración valenciana cuando las denuncias le atañen directamente. De ahí que queremos que Llinares explique en Les Corts el contenido del protocolo de colaboración con la Conselleria", ha concluido.
Aproximadamente 40.000 millones de euros son defraudados por el mal funcionamiento de las administraciones públicas en materia de contratación pública y gestión de los recursos, según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)
