La columna de la semana pasada sobre la paradoja del poder valenciano merece una segunda parte después de que el Gobierno nos haya regalado el pasado martes un nuevo ejemplo de desprecio a los valencianos injustificado e innecesario.

Lo contamos este sábado en Valencia Plaza y lo resumo aquí por si alguien no tiene ganas de leer la versión larga: el Ayuntamiento de València solicitó al Gobierno en 2023 la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) para la celebración de la Capital Verde Europea 2024.

La AEIP no es una etiqueta honorífica sino que facilita la participación del sector privado en la celebración al ofrecer a las empresas organizadoras, patrocinadoras y colaboradoras un conjunto de incentivos fiscales.

El Gobierno se negó durante dos años a declarar AEIP la Capitalidad Verde de València con el argumento de que debía incluirse en una ley de Presupuestos Generales del Estado, y resulta que no hubo presupuestos ni en 2024 ni en 2025 porque a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le dio la gana presentar un proyecto, incumpliendo de forma flagrante el artículo 134.3 de la Constitución.

El argumento, además, era falso, como demuestran las excepciones que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez para colar en otras disposiciones legales la declaración de AEIP de eventos como la Bienal Manifesta 15 Barcelona 2024, la Copa América de vela 2024 en Barcelona, el Año Santo Jubilar San Isidro Labrador o el South Summit de Madrid, regalo que ya mereció un Billete hace tres años y al que no descarto dedicar otra columna.

La burla se ha vuelto escarnio esta semana cuando el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley para declarar AEIP, sin necesidad de ley de Presupuestos Generales del Estado, un total de 28 eventos entre los que no está la Capitalidad Verde 2024 de València.

Trece son de Cataluña, donde que se conoce que tienen la costumbre de solicitar para cualquier tipo de evento las ventajas fiscales estatales previstas por la ley. 

Este año ha colado, entre otros, los festivales musicales Primavera Sound y Porta Ferrada, el programa Barcelona Music Lab, el 25 aniversario del Petit Liceu, el 50 aniversario del Teatre Lliure, el Dansàneu Festival de Cultures del Pirineu o el Ironman Calella-Barcelona, prueba deportiva que se celebra desde 2014. Otros años lograron incluir cosas como la Reconstrucción de la piscina histórica cubierta de saltos del Club Natació Barcelona o la celebración de los 200 años del Paseo de Gracia.

Y, cómo no, el Barcelona Mobile World Capital, que lleva encadenando declaraciones de AEIP ininterrumpidamente desde 2012, en claro fraude de ley puesto que la normativa dice que esta declaración y sus beneficios fiscales se otorgarán por un máximo de tres años.

Que el Gobierno es facilón con las demandas catalanas ya lo sabíamos, pero cabe preguntarse de quién hay que ser amigo para que una entre las miles de pruebas deportivas que se celebran en España, como es el Ironman Calella-Barcelona, sea escogida para que sus patrocinadores paguen menos impuestos.

Sin embargo, el agravio no está ahí. Cataluña se lleva muchos AEIP porque presenta muchas solicitudes, mientras los políticos valencianos gritan mucho pero trabajan poco y no se han enterado de que la definición “acontecimiento de excepcional interés público” no es solo para capitalidades europeas, vueltas al mundo, copas américas o años sorollas. Vale también para un ironman o la reparación de la cubierta de una piscina. ¿Cuántas solicitudes de AEIP han presentado en los últimos años las autoridades valencianas?

Tampoco los organizadores valencianos de eventos privados parecen estar al tanto de que, si son entidades sin ánimo de lucro, pueden solicitarlo.

Si el criterio del Gobierno se mide por la lista aprobada el pasado martes, se me ocurre que podrían aspirar a esas ventajas fiscales el FIB, el Arenal Sound, Dansa València, el centenario del pasodoble Amparito Roca, el 550 aniversario de València como cuna del ajedrez moderno, el Sexenni de Morella o el Gran Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, ya que en la lista figura el GP de España que se disputa en Jerez. ¿Por qué uno sí y otro no? Pues porque los jerezanos lo habrán pedido y los valencianos no.

Además del Barcelona Mobile World, han sido AEIP las ferias Fitur, Alimentaria y Hostelco… ¿y Cevisama? ¿Alguien pidió ventajas fiscales para la organización de Cevisama antes de cargársela? ¿Pidió Feria Valencia la declaración de AEIP cuando celebró el centenario de la institución ferial más antigua de España? ¿Hay alguien?

El escarnio no es que haya 13 eventos catalanes en una lista de 28. El escarnio es que no está la, probablemente, única solicitud valenciana pendiente de aprobación, la de la Capitalidad Verde, a pesar de que lo pidió hasta el Congreso de los Diputados en una iniciativa que apoyaron PP y PSOE.

A lo mejor nos lo puede explicar Diana Morant, que se sienta en el Consejo de Ministros. Y quizá comparta mi opinión de que la culpa no es de Pedro Sánchez sino de los valencianos, que no pintem fava. La primera, ella.