El PP pide la suspensión cautelar del decreto de usos lingüísticos en la Administración 

VALÈNCIA. (EP). El PP ha presentado el recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración al considerar que es en muchos aspectos "ilegal" por hacer del valenciano "un idioma excluyente" y "excluir al castellano como lengua cooficial" de la Comunitat en 13 de los 27 artículos.

Así lo han explicado el presidente del grupo parlamentario popular en las Corts, Jorge Bellver, y la portavoz de Justicia, María José Ferrer San-Segundo, quienes han detallado que el recurso fue presentado el 12 de julio y se pide como medida cautelar la suspensión cautelar del decreto hasta que haya un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

Bellver ha señalado que el PP defiende la promoción del uso del valenciano, pero a través de la formación "y no la imposición", y ha advertido que la sociedad "empieza a estar harta de enfrentamientos innecesarios" generados por el Consell.

El dirigente 'popular' ha señalado que el recurso a este decreto se fundamenta en la "marginación del castellano" que supone, con un "ataque innecesario" a esta lengua para defender el valenciano, ya que "en 13 de los 27 artículos el valenciano no está solo como preferente, sino como excluyente" y en notificaciones o comunicaciones de la Generalitat la lengua propia figura como "la única lengua" a utilizar.

Además, ha cuestionado que se pone "al mismo nivel la cooficialidad y el ámbito lingüístico común", cuando el segundo concepto es extrajudicial, y se hace "con toda la mala intención".

María José Ferrer ha detallado que tras la presentación del recurso y la petición de medidas cautelares ahora la administración deberá facilitarles el expediente y a partir de ese momento detallarán sus alegaciones, que según ha recordado ya presentaron cuando el decreto estaba en fase de información pública y van en la línea también de las observadas por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), lo que demuestra su "buena fe" en este tema.

La diputada ha señalado que el recurso y las medidas cautelares pretenden garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que podría darse el caso de que una persona reciba una notificación que le afecta, como podría ser el caso de una expropiación, en valenciano por vivir en una zona de predominio lingüístico valenciano pero no dominar la lengua. Los 'populares' se han preguntado qué pasaría con el procedimiento, si se paralizaría o no, cuando el ciudadano pida la comunicación en castellano.

También ha indicado Ferrer San-Segundo que el decreto puede afectar al trabajo de los funcionarios, porque "parte del desideratum de que todas las personas que residen y trabajan en la Comunitat Valenciana como empleados públicos tienen un nivel óptimo de valenciano". Según ha dicho, tanto la Constitución como el Estatuto garantizan el derecho a no ser discriminados por razón de lengua.

Se ha referido también a otros aspectos como el embalaje y etiquetado de productos en los contratos públicos o las relaciones con otras administraciones del Estado, con la referencia a las "zonas del ámbito lingüístico común", una referencia extrajurídica porque lo que rige en derecho es la cooficialidad de las lenguas. Así, ha dicho, el valenciano sólo es cooficial en la Comunitat y si se enviara una notificación a un particular de Tortosa o Menorca, por ejemplo, exclusivamente en valenciano podría recurrirse ante los tribunales y ser declarada nula.

Ambos han recordado que hasta ahora no existía la obligatoriedad para la administración de notificar o comunicar en castellano, sino que se hacía en las dos lenguas cooficiales y lo que cambia con el decreto es que se hará exclusivamente en valenciano. "¿Qué daño hace que una comunicación que puede afectar a los derechos sea bilingüe?", se ha preguntado la diputada.

Ferrer ha señalado que en caso de que la justicia no acuerde las medidas cautelares solicitadas no se pondrán "tan nerviosos" como la vicepresidenta, Mónica Oltra, porque no significa que no haya una razón sobre el fondo, y ha mostrado su "rechazo absoluto del ataque injustificado a la independencia del TSJCV".

Ha remarcado que "si alguien dice que el TSJ hace política y no aplica el derecho está imputando prevaricación judicial y es presuntamente un delito que se llama calumnias", igual que "hay otros delitos que son injuriar o coaccionar para que se encoja".

"Lo que no puede ser es que lo aplaudamos cuando nos da la razón y no cuando no, parece mentira que sea abogada y haya tomado esta posición, tenemos una vicepresidenta conversa, con valores retráctiles y rabietas institucionalizadas", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que Oltra "va mostrando su patita". "Que alguien le diga a Oltra que tampoco es el juez Garzón", ha agregado.

Al mismo tiempo, ha pedido a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que se pronuncie sobre estas afirmaciones porque "hay silencios clamorosos y silencios que son denunciables".

Bellver también ha censurado estos "ataques al pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho y ha exigido a Puig que repruebe esas palabras de "Oltra, la desaparecida".