Foto: DIVALVALÈNCIA. La Diputación de Valencia dispondrá hasta el próximo mes de mayo para resolver la OPE de estabilización de 2022 que había quedado paralizada después de que los tribunales anularan parte de las bases de una de las convocatorias. Una prórroga de cinco meses que da oxígeno a la corporación provincial y que permitirá que cerca de un centenar de plazas a estabilizar no se pierdan por el camino.
La solución al embrollo jurídico en el que se encontró de la noche a la mañana la Oferta Pública de Empleo extraordinaria de 2022 de la institución que preside Vicente Mompó era complicada de hallar. Tanto, que incluso el diputado responsable de Personal de la Diputación de Valencia, Ricardo Gabaldón, ya dio por hecho que sería "imposible" resolver las convocatorias que estaban pendientes si el Consell Jurídic Consultiu (CJC) obligaba a reiniciar los procesos, algo que acabó ocurriendo.
Como ya ocurrió en el Ayuntamiento de València, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia declaró en marzo del año pasado nulos dos apartados de las bases de la convocatoria de Técnico de Administración General (TAG) que baremaban de forma distinta la experiencia de aquellos interinos de la administración provincial frente a los temporales de la Generalitat y ayuntamientos. El tribunal consideraba que la diferencia era tan grande que se producía una desproporción que impedía el acceso a la función pública en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.
El artículo en cuestión, puntuaba la experiencia profesional de un funcionario interino de la Diputación con 0,45 puntos por mes trabajado, mientras que si el empleado temporal procedía de otra administración pública tan solo podría sumar 0,1 puntos aunque pertenecieran al mismo subgrupo y categoría. La circunstancia motivó un recurso por parte de un aspirante porque la "diferencia cuantitativa" rebasaba, a su juicio, "el límite de lo tolerable", dado que existía una "sobrevaloración del 450%".
El juzgado acabó dándole la razón y obligó a la institución a cambiarlas. Todo ello, con el proceso ya en marcha. En total se habían convocado 30 procedimientos. De manera que la Diputación, tras este varapalo judicial, decidió pedir una aclaración de sentencia para conocer si debían modificar únicamente las bases de esa convocatoria, o si en su defecto afectaba a todos los procesos. El tribunal, aclaró que tan solo las de los TAG (puesto que el fallo tan solo se pronunciaba sobre el objeto de esa demanda).
El escenario, aún así, preocupaba en la corporación provincial, que no quiso dar ningún paso en falso en un proceso donde estaban afectadas más de 5.500 personas, que fueron las que se habían presentado a las diferentes convocatorias. Por ello, no solo reclamó un informe al secretario de la Diputación, sino también al Consell Jurídic Consultiu para saber qué hacer: empezar de cero en la treintena de convocatorias o solo hacerlo con los TAG.
En ambos casos, tanto el secretario como el Jurídic instaron a que se revisara de oficio las bases con carácter general "a fin de depurar el vicio que adolecen y constituir unas nuevas" que se ajustaran a derecho. Eso sí, solo en aquellas convocatorias que no estuvieran ya resueltas -cabe recordar que de los 30 procesos cada uno se encontraba en una fase distinta-, en aquellas que tan solo se hubieran publicado listado de admitidos.
Un pronunciamiento que cayó como un jarro de agua fría, pues sería una carrera contrarreloj, ya que a la Diputación le quedaban cinco semanas para modificar las bases después de reunirse con los sindicatos y abrir el proceso para que otros interesados pudieran presentarse a las convocatorias. A partir de la fase de inscripción deberían haber publicado listado de admitidos, baremación, publicación de listados provisionales y listados definitivos. Todo ello, tratándose exclusivamente de las plazas convocadas por concurso de méritos. En caso de que las de concurso-oposición, donde los aspirantes deberían además presentarse a un examen, resultaría todavía más complejo, pues debería publicarse fecha de examen, fase de revisión o periodo de impugnación, entre otros muchos trámites, por lo que se dio por hecho que no se llegaría a tiempo de finalizar la estabilización en esas categorías. Y así ha sido.
Las convocatorias deberían quedar resueltas antes del 31 de diciembre, tal y como marca la normativa estatal. Sin embargo, desde el órgano que preside Vicente Mompó explican que la Dirección General de Función Pública publicó una circular para resolver dudas sobre los procesos de estabilización "convocados antes de finalizar el año, pero no finalizados dentro de ese mismo término, a causa de problemas o incidentes durante el proceso selectivo". "Según la nota informativa, si un proceso fue convocado antes del 31 de diciembre, se puede prorrogar hasta mayo para su resolución", explican.
"La Diputación interpreta que todos los procesos se consideran convocados dentro del plazo, cumpliendo así con el requisito y que tenemos hasta mayo para concluirlos. A pesar de que esta interpretación no es completamente clara, es la postura que hemos adoptado", aclaran desde la Diputación a preguntas de este diario. "Un problema importante que hemos tenido ha sido la declaración de nulidad de pleno derecho, que ha retrasado el proceso. Si aplicáramos estrictamente el plazo inicial, solo podríamos concluir el proceso de TAG, ya que es el único publicado antes del 31 de diciembre. El resto de procesos se consideran convocados previamente, según el criterio del servicio de Personal de la casa, y por eso entendemos que el plazo para resolverlo es hasta mayo", concluyen.
Por lo pronto, lo que debe hacer el órgano provincial es rebaremar los 28 procesos como ya hicieron con la oposición de Técnico de Administración General. En esta convocatoria, la experiencia de un interino de la Diputación puntuaba 0,45 por mes trabajado, mientras que un temporal de otras administraciones en el mismo puesto podía sumar 0,1 por cada mensualidad.
El nuevo baremo que aprobaron daba 0,20 puntos a aquellos interinos de corporaciones provinciales en el mismo grupo; 0,13 al resto de Administraciones en el mismo grupo y subgrupo; 0,10 puntos por la experiencia profesional adquirida en corporaciones provinciales en otro grupo; 0,07 puntos en puestos de distinto grupo en la misma administraciones y 0,05 puntos en el sector institucional instrumental.
En definitiva, redujeron la diferencia de puntuación a menos de la mitad. Así que se da por hecho que se aplicará este baremo al resto de convocatorias, puesto que este obtuvo el visto bueno de los servicios jurídicos, así como de sindicatos.
