VALÈNCIA. Lo anunció Ciudadanos: iniciaría "un procedimiento administrativo" para frenar la exención del pago de la plusvalía aplicada al PSPV por la venta de su sede de Blanqueries. Un procedimiento que consistía en pedir la nulidad de la resolución firmada por el edil de Hacienda, el socialista Ramón Vilar. Sin embargo, al parecer, el recurso todavía no se ha presentado, y el Partido Popular se ha adelantado.
El documento presentado este miércoles y suscrito por el portavoz de los populares Eusebio Monzó, esgrime que la resolución de Vilar que exonera a su partido de pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -conocido como plusvalía municipal- es "contraria a ordenamiento jurídico" y se dictó "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Para pedir la exención del tributo, que en este caso ascendía a más de 100.000 euros, los socialistas se apoyaban en las Leyes de Mecenazgo y de Financiación de Partidos Políticos. Sin embargo, el texto de los populares se centra en demostrar que el consistorio denegó en varias ocasiones la exoneración del pago del IBI, una situación similar a la actual de la plusvalía.
En 2012, tanto el Partido Comunista (PCE) como el propio PSPV pidieron que el Ayuntamiento les eximiese de pagar el IBI, pero el consistorio resolvió denegar ambas solicitudes. Más tarde, en 2018 el PCE ha vuelto a pedirla, y de nuevo se ha desestimado porque "en virtud de la legislación vigente, no resulta de aplicación" dicha exención. Hecho que el mencionado partido ha recurrido, si bien todavía no hay ninguna resolución al respecto.
Con todo, siguen siendo de aplicación las resoluciones de 2012 que, resalta el PP, no fueron impugnadas por ningún partido pese a que aquella era una "decisión completamente opuesta" a la que se ha aprobado ahora. "El PSOE se ha beneficiado de un cambio de criterio injustificado del Ayuntamiento de Valencia que solo se le aplica a él", reza el recurso. "Sin embargo -prosigue-, al Partido Comunista se le sigue aplicando correctamente el mismo criterio del año 2012 menos de cinco meses después de estimar la exención para el PSOE".
También resaltan los populares fallos en el procedimiento de solicitud de la citada exención por parte del PSPV. "Nos encontramos ante una solicitud defectuosa que legalmente nunca ha tenido efecto jurídico" porque inicialmente se hizo incorrectamente. El representante del partido se personó en el Servicio de Tributos, incumpliendo la normativa que obliga a las entidades jurídicas a relacionarse electrónicamente con el consistorio. No existió subsanación ni el Ayuntamiento pidió que se rectificara.
Por otro lado, el documento asegura que no consta "documento acreditativo de poder de representación" de la persona que hizo la petición y tampoco existe en el expediente el número de registro de entrada. Concluye aseverando que la resolución, por tanto, "es nula de pleno derecho".
Ahora, la delegación de Hacienda que dirige Vilar deberá decidir, en base a informes jurídicos, si acepta anular el acto, desestima la petición, o la inadmite a trámite. En los dos primeros casos, deberá contar con la opinión del Consell Jurídic Consultiu y después votarse en la Comisión de Hacienda del consistorio, para que finalmente se ratifique en el Pleno municipal.