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también se han personado la mayoría de los concejales 'populares' del ayuntamiento

El PP se persona en la causa por la que Joan Ribó declarará como imputado

Foto: EVA MÁÑEZ
20/06/2018 - 

VALÈNCIA. El PP de la Comunitat Valenciana se ha personado como acusación popular en la causa abierta tras una denuncia contra el alcalde de València, Joan Ribó, que deberá declarar como investigado tras ser denunciado por el asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento Luis Salom, imputado en el caso Taula. El PP valenciano formalizó dicha personación la semana pasada cuando se hizo público que el magistrado instructor de la causa citaba al primer edil a declarar. El partido liderado por Isabel Bonig ha tomado esta decisión, al igual que hizo con la causa de presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc en la campaña de 2007, porque considera que el asunto tiene suficiente envergadura política como para ser parte del procedimiento.

Pero el PPCV no es el único que se ha personado. Este martes, la mayoría de los concejales populares que están imputados en el caso Taula se personaron como acusación particular al considerarse perjudicados por Ribó, quien fue citado a declarar por negarse a dar a la oposición información sobre una polémica encuesta sociológica hecha en 2017 al colectivo fallero que incluía preguntas sobre intención de voto y creencias religiosas. 

Según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el alcalde, de la coalición Compromís, tendrá que declarar por los presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos el próximo día 25 ante el Juzgado de Instrucción número 9 de València.

Según ha podido saber Valencia Plaza, la personación de los ediles no ha hecho ni pizca de gracia en el PP nacional. La operación Taula fue el inicio de una guerra interna entre los concejales imputados por blanqueo y el Partido Popular, que se evidencia ahora más que nunca con la denuncia interpuesta por el asesor Luis Salom al alcalde de València, Joan Ribó. La orden de Génova fue que el partido se personara en el caso, en el que ya estaba Salom como denunciante. Por ello, ha molestado en Génova que este martes buena parte de los concejales imputados decidieran seguir los pasos del asesor y personarse a título particular como perjudicados en el caso. 

Concejales del PP en el Ayuntamiento de València. Foto: MARGA FERRER

En la sede nacional del PP no gusta que el partido esté representado más allá de sus servicios jurídicos, y mucho menos por gente investigada por corrupción. De hecho, lo lógico para Madrid sería que Salom hubiera dejado en manos de los abogados del PP la denuncia, como es habitual en estos casos.

Fuentes de Génova aseguran que esta guerra viene determinada por el hecho de que el partido no piensa mantener a ninguno de los concejales ni asesores imputados en el caso Taula de cara a las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2019. Estos, siempre según estas fuentes, "ahora hacen lo que quieren y no preguntan". 

La investigación

La investigación comenzó con la denuncia interpuesta por Salom contra el alcalde por negarle el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017. Este asesor se dedica desde hace meses a presentar denuncias por actuaciones del equipo de gobierno municipal -también de otras administraciones-, algunas de las cuales han acabado en diligencias de investigación con ediles imputados.

La declaración del alcalde es la primera diligencia acordada por el instructor en el marco de una investigación abierta para determinar si los hechos expuestos en la denuncia interpuesta por el asesor popular son constitutivos de delito.

Esa encuesta llevada a cabo sobre el mundo fallero generó el año pasado numerosas críticas desde la oposición hacia el equipo de gobierno (formado por Compromís, el PSPV y València en Comú), que denunciaban el contenido de algunas de las preguntas que se hacían en ella.

El asesor del PP Luis Salom. Foto: EVA MÁÑEZ

El pasado mes de marzo, el Grupo Popular ya denunció ante los medios que Ribó utilizaba recursos públicos para recurrir el fallo de la Agencia Española de Protección de Datos por infracción muy grave por encuestar a los falleros, sin autorización, sobre su ideología política, sentimiento nacional o creencias religiosas. 

Ribó "mentía deliberadamente cuando negaba a los concejales del grupo popular el acceso a la información, que llevan reclamando desde 2017, arguyendo que no se trataba de un expediente municipal", según dijo entonces el portavoz del grupo municipal, Eusebio Monzó, el único de los diez concejales del PP que no está imputado.

El Ayuntamiento presentó los resultados de la encuesta el pasado 1 de agosto y en ella se aseguraba, entre otras conclusiones, que el mayor problema para el fallero era la convivencia vecinal y que aunque su tendencia política es sobre todo de izquierdas, votaría antes al PP que al tripartito actual (Compromís, PSPV y València en Comú).

El estudio se hizo con 963 entrevistas a falleros de ambos sexos mayores de 18 años y residentes en València, entre mayo y junio de 2017. Ante las críticas de la oposición a esa encuesta, encargada tras la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Joan Ribó aseguró entonces que las preguntas eran "absolutamente razonables" y que la polémica se trataba de "una tormenta en un vaso de agua".

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