El PP traslada a asociaciones que pueden denunciar ante la UE el decreto de plurilingüismo

VALÈNCIA. El grupo parlamentario del PP en las Corts Valencianes ha dado a conocer este lunes 31 de julio a las entidades que recurrieron el decreto de plurilingüismo del Consell la posibilidad de acudir al Comité de Peticiones de la Unión Europea para "denunciar" al ejecutivo autonómico por el "ataque" y "chantaje" que este documento supone para "la libertad de los padres al elegir el tipo de educación y la lengua vehicular en la que quieren educar a sus hijos".

Así lo ha indicado la portavoz 'popular' en las Corts Valencianes y presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, que ha lamentado la "situación de caos" que vive la comunidad educativa en esta autonomía tras la anulación parcial de dicho decreto por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y ante "la falta de respuesta" del Consell a esa situación.

Bonig se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en Valencia en una reunión con representantes de plataformas educativas de la Comunitat Valenciana para hablar de las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía, que entre otras cosas, ordena a la Conselleria de Educación a suspender cautelarmente su decreto de plurilingüismo y retrotraerse a la normativa anterior.

En el encuentro ha participado junto a Bonig y otros diputados del grupo parlamentario 'popular' en la Cámara autonómica, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. A esta cita han asistido, como ha detallado la síndica del PP, "todas las asociaciones que impugnaron el decreto de plurilingüismo" del Consell como "la Asociación en Defensa del Castellano, el sindicato Anpe, CSIF, USO, Concapa, representantes de la Diputación de Alicante y Idiomas y Educación".

Isabel Bonig ha comentado que el PP lleva "más de dos meses preguntando" al conseller de Educación, Vicent Marzà; a la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, y a su presidente, Ximo Puig, "cuál era el plan B" en caso de que el TSJCV anulara el citado decreto y ha censurado que haya "falta de respuesta".

"Hoy 31 de julio no tienen certeza ni los directores ni los centros educativos de cuál es el modelo lingüístico que hay que aplicar. Los padres y las Ampas no saben los libros que hay que comprar. Entre los alumnos se está generando desasosiego y la inspección todavía no ha recibido por escrito instrucciones de qué es lo que va a pasar en el inicio del curso y cuál es el modelo lingüístico que se va a aplicar en colegios e institutos", ha planteado Bonig, que ha apuntado que, según el TSJCV, hay que acogerse a los decretos de 1997 y de 2012 aprobados por el PP.

Asimismo, la presidenta del PPCV ha censurado que el Consell no haya contestado al ofrecimiento hecho por los 'populares' para alcanzar un "pacto", "evitar que el inicio del curso sea un caos" y poder "solucionar" un "problema" que, a su juicio, ha generado el Ejecutivo valenciano.

Isabel Bonig ha asegurado que las críticas del PP al decreto de plurilingüismo y la información facilitada este lunes a las asociaciones que lo recurrieron para que sepan que pueden dirigirse a la UE, no son "un ataque al valenciano". En este sentido, ha asegurado que los 'populares' no están "en el enfrentamiento entre castellano y valenciano" ni entre los ciudadanos que hablan una u otra de estas dos lenguas y ha defendido la promoción del valenciano hecha por el PP en sus años de gobierno.

"Durante 20 años de gobierno del PP en la Generalitat multiplicamos mas de un 200 por ciento los alumnos que estudiaban en líneas en valenciano al pasar de 74.000 a 235.000 alumnos", ha afirmado, al tiempo que ha valorado que la Comunitat cuente con dos lenguas oficiales. Isabel Bonig ha subrayado que su formación busca "defender la libertad de los padres" para "elegir la lengua vehicular en la que quieren educar a sus hijos, con total respeto al valenciano, al castellano, al inglés, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía".

"Insumisión" y "sectarismo"

La portavoz del PP ha reiterado su "preocupación" por "la falta de reacción del gobierno de la Generalitat", la "insumisión" y el "sectarismo", por lo que ha pedido a Oltra y Puig que "la mano que tendieron al principio de la legislatura y el diálogo que venían a aplicar en la Generalitat lo apliquen de verdad".

Tras ello, Isabel Bonig ha destacado que serán las entidades que recurrieron el decreto de plurilingüismo las que decidirán finalmente si acuden o no al Comité de Peticiones de la UE "ante la falta de respuesta del Consell". "Las asociaciones tendrán que decidir en sus respectivas organizaciones si deciden acudir a esta vía que el PSOE y Compromís han usado en infinidad de casos para denunciar actuaciones del Gobierno valenciano cuando gobernaba el PP porque consideraban que no eran acordes o que vulneraban derechos".

La representante del PP ha detallado que a dicho comisión de la Unión Europea "pueden acudir no partidos políticos" sino "sociedad civil". "No es el PP el que pone la denuncia sino las asociaciones u organizaciones cuando creen que se ha vulnerado algún derecho fundamental recogido en el Tratado de la Unión Europea, en este caso el de elegir libremente la lengua en la que quieren educar a sus hijos", ha subrayado.

"Gran enfrentamiento"

Igualmente, Bonig ha dicho que el decreto de plurilingüismo del Consell "lo ha declarado parcialmente nulo, no el PP sino los tribunales de justicia". Ha agregado que el "problema" generado con dicho decreto "ha sacado a más de 340.000 valencianos a la calle" para mostrar su rechazo al documento y ha provocado "un gran enfrentamiento" sobre temas que la sociedad valenciana "había cerrado como los lingüísticos".

Preguntada por si la aplicación de los decretos anteriores aprobados por el PP supondría abrir un nuevo periodo de matrícula para el próximo curso, Bonig ha respondido que "es algo que se tendría que estudiar" y en lo que debería estar la Conselleria de Educación, la vicepresidenta y el jefe del Consell. "El problema es que nadie está dando instrucciones claras de lo que hay que hacer. Con lo cual se está generando una situación de inseguridad jurídica alarmante", ha insistido.