VALÈNCIA. (EFE) La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Ferrer San Segundo, ha advertido del “fraude de ley” que se ha podido producir tras el cierre del Punto de Encuentro Familiar (PEF) situado en Viveros por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento.
Ese servicio "tan sensible" se ha trasladado "a un local improvisado en Paterna, con personal subcontratado que nunca ha tratado con estos menores y, además, sin siquiera pasarles los expedientes con el historial psicosocial”, ha denunciado Ferrer San Segundo este martes.
El gobierno local cerró el centro de Viveros donde se prestaba un servicio "esencial" para 200 familias, apartando a los profesionales que venían atendiendo estas situaciones desde hace años (psicólogos, abogados, educadores y trabajadores sociales) y desoyendo las sentencias que han venido reconociendo su relación laboral con el Ayuntamiento de Valencia, denuncia el PP.
La viceportavoz ha recordado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas convocó un concurso para la prestación del servicio, dividiéndolo en cuatro lotes (para la provincia de Alicante, la de Castellón, la de Valencia excepto la ciudad y el cuarto solo para la capital por la cantidad de casos que atiende); la Generalitat ha adjudicado solo las tres primeras, dejando sin resolver la relativa a la prestación del servicio en València.
“Lo sorprendente de la situación es que el Ayuntamiento no ha seguido prestando el servicio, como podía y debía hacer por razones de evidente ‘urgencia’, en el centro que existe en la ciudad con los profesionales que lo venían atendiendo, sino que, desentendiéndose, y en complicidad con el Consell, se ha encomendado a la misma entidad concesionaria de los otros tres lotes, pero sin el proceso formal de adjudicación y trasladándolo por primera vez desde hace una veintena de años fuera del término municipal. O sea, que se adjudica sin adjudicación”, ha apuntado la concejal.
Para Ferrer San Segundo, “si la prestación del servicio en Valencia ciudad requería de una contratación específica y no se han dado las condiciones para que ésta se otorgara por los cauces legales, ¿por qué está prestando el servicio la entidad concesionaria de las otras tres zonas, pero eludiendo la adjudicación formal del lote relativo a la ciudad? Si no se cumplían los requisitos para adjudicar el servicio, ¿por qué se hace por la puerta de atrás?”.
De esta forma, a su juicio, el Consell está “otorgando la realización del servicio sin pasar por los mecanismos e itinerarios legales; y el Ayuntamiento consintiéndolo a sabiendas del perjuicio que supone para las familias y lavándose las manos con pleno conocimiento de la situación porque ha prestado el servicio hasta que ha cerrado repentinamente el centro. Y eso tiene nombre: fraude de ley y abandono institucional de menores".
Asimismo, ha recordado que desde el PP ya se ha denunciado que ni el Ayuntamiento ni la Conselleria han hecho llegar los expedientes al local de Paterna.
Además, ha explicado que el PEF de València era el único de la Comunitat Valenciana que disponía de un módulo de “Intervención Terapéutica” para ayudar a las familias, y sus menores, a conseguir realizar de forma autónoma las vistas reguladas, “trabajando para que las situaciones de conflicto no cronificasen y realizando un seguimiento específico que el Consell y el Ayuntamiento han amputado súbitamente".
Y eso, según la edil popular, "como confirman los psicólogos que les han venido atendiendo, constituye un daño evitable y grave, en algunos casos irreparable.”
