VALÈNCIA. El protocolo de intenciones para la reestructuración de Feria Valencia, el documento que describe las medidas a adoptar necesarias para asegurar la viabilidad del recinto, no contempla plazos de ejecución para que las administraciones realicen los cambios normativos necesarios. Entre esas medidas se encuentran la asunción de la deuda del recinto ferial por parte de la Generalitat y el cambio del decreto que regula las ferias comerciales para declarar esta actividad como "servicio de interés general autonómico".
El objetivo del documento, que este viernes fue aprobado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València, es establecer "un marco de intenciones para hacer efectivo el principio de colaboración y cooperación entre las entidades firmantes". Esto es, el propio Ayuntamiento, las conselleries de Hacienda, la de Economía y los gestores de Feria Valencia.
Sin embargo, no establece límites temporales para llevar a cabo las medidas necesarias ni tampoco determina, siquiera de forma general, el reparto accionarial entre los socios presentes en el capital de la empresa mixta que gestionará el futuro del recinto. Este asunto ha sido motivo de disputa entre las consellerias de Economía, partidaría de una gestión de mayoría pública o 100% pública, y la de Hacienda, convencida de la necesidad de una mayoría privada que no implique la asunción de nuevas deudas para la Generalitat.
Este enfrentamiento ha provocado que la puesta en marcha de la hoja de ruta para la reestructuración del modelo ferial, tanto de su régimen jurídico como económico financiero, acumule ya varios meses de retraso respecto a los plazos inicialmente previstos.
De hecho, aunque el Ayuntamiento ya lo ha aprobado –formalmente solo falta la firma del alcalde–, aún no hay fecha para que lo hagan el resto de partes. Las conselleries de Economía y Hacienda informaron del contenido del mismo al Consell el pasado viernes, una forma de escenificar ante el Govern el 'fin de las hostilidades' en torno a este asunto.
La rúbrica definitiva del protocolo por las cuatro partes tendrá lugar tras una reunión extraordinaria del patronato de Feria Valencia que aún debe convocarse.
No obstante, las diferencias aún no parecen del todo resueltas. Tal y como informó este periódico, el conseller de Economía, Rafael Climent, aseguró el pasado viernes que el Consell controlará la gestión de Feria Valencia en el futuro, lo que desconcertó tanto en la Conselleria de Hacienda como a la propia institución ferial porque contradice lo reflejado en el pacto entre conselleries para desbloquear la situación.
La cláusula cuarta del protocolo liga su vigencia al "proceso de reestructuraciós del model firal". "El protocolo se resolverá por mutuo acuerdo de las partes firmantes o a instancia de cualquiera de ellas per incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la contraparte".
Además de asumir la deuda –mediante un decreto de Hacienda– la Conselleria de Economía impulsará un nuevo decreto de Ferias que equiparará la actividad ferial a un servicio de interés general autonómico, atribuyendo a la Generalitat Valenciana, no solo la capacidad normativa respecto de estas actividades, sino también la posibilidad de promover la celebración de ferias comerciales de forma directa o indirecta.
El protocolo de intenciones también establece que el Ayuntamiento de València rescatará la concesión vigente "sin que ello suponga indemnización para la actual institución ferial" que, en virtud de este acuerdo, renunciará a cualquier derecho indemnizatorio. Acto seguido, el Ayuntamiento, dueño del solar y los inmuebles, cederá la gestión de la infraestructura a la Generalitat mediante una concesión demanial de forma gratuita por espacio de 75 años, el máximo legal permitido, "a cambio de que el Gobierno valenciano se comprometa a conservar la infraestructura en perfecto estado de funcionamiento".
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, criticó este vienes el protocolo de Feria Valencia por considerarlo "papel mojado". La cláusula quinto del protocolo hace referencia a que el protocolo se ampara en lo previsto en el artículo 47 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre, lo que a juicio de Ciudadanos "no implica compromisos jurídicos concretos y exigibles" para las partes.
El artículo 47 de esta norma dispone que no tienen la consideración de convenios "los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles".
"Estamos ante un nuevo paripé como el que Ribó, presidente del patronato de Feria Valencia, hizo hace un año. Ha firmado un protocolo de intenciones que no obliga a nada después de un año sin hacer nada. Tras un año perdido, PSOE y Compromís mantienen vivo su enfrentamiento mientras Ribó sigue ausente", criticó Giner.