La cultura valenciana examina el procedimiento de la Generalitat en el derribo de Agrónomos

VALÈNCIA. El derribo por parte de la Generalitat Valenciana de las naves anexas de la antigua Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas (EUITA), en el campus universitario de la Avenida de Blasco Ibáñez, ha generado estupor en el ámbito cultural y arquitectónico de la ciudad de València. Más por las formas que por el fondo: más por cómo ha sido la tramitación administrativa que por la decisión última, de sustituir las naves por la ampliación del Hospital Clínico, proyecto que llevaba pensado desde hace más de tres lustros.

El informe de la Conselleria de Cultura que ha abierto la puerta a la obtención de la licencia de derribo apenas tardó una semana en realizarse desde la consulta de la Conselleria de Sanidad. En el documento, la directora general de Patrimonio de la Conselleria, Carmen Amoraga, asegura que era "imposible" determinar si estas naves anexas al edificio principal de la antigua EUITA -que es Bien de Relevancia Local- son contemporáneas a este y obra del mismo arquitecto, Fernando Moreno Barberá. Pese a ello, sin esclarecer si estas naves están protegidas o no, se ha dado luz verde a la demolición.

Una circunstancia que ha atraído la atención de no pocos círculos culturales del Cap i Casal, que ven en este expediente cierta precipitación. Así por ejemplo, tras conocerse la noticia, el decano del Colegio de Arquitectos, Luis Sendra, aseguró que "el procedimiento no ha sido el habitual" y que, en este sentido, si la Conselleria no podía determinar el grado de protección de estas naves, tendría que haber buscado información y consejo como se hace habitualmente en los organismos expertos, como el Consell Valencià de Cultura o la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. "Incluso aunque se hubiera dado el mismo resultado", explica.

Lo cierto es que son varios organismos los que previsiblemente van a estudiar cómo se ha realizado todo en este caso. Algunos ya han empezado a emitir sus opiniones al respecto. Por ejemplo, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Politécnica (UPV), Ivan Cabrera, así como la subdirectora de Cultura, Maite Palomares, lamentan hoy en un artículo de opinión publicado por Valencia Plaza que en otras comunidades "el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno recibe mejor tratamiento con unas instituciones responsables a favor de su rehabilitación antes que la destrucción y consiguiente pérdida patrimonial".

Para los expertos, resulta "paradójico" que en otras pandemias, la arquitectura moderna "resolvía programas" mientras que con el coronavirus, la administración "se vuelve contra la arquitectura moderna y autoriza su derribo apresuradamente, con apenas una semana para pensar -se solicita el permiso el día 30 de noviembre y se aprueba el 7 de diciembre-". Así, intuyen que "la balanza se ha inclinado a favor de la mayor edificabilidad que propone el planeamiento en lugar de preservar el patrimonio arquitectónico valenciano". 

También se ha manifestado el Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) de la UPV en un comunicado en el que manifiesta su "consternación" por la demolición de una obra "referente de la arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad". Así el organismo lamenta que la actuación se esté llevando a cabo "con la autorización, tramitada por urgencia" de la dirección general de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.

Y como estos, es previsible que otros muchos colectivos vayan examinando lo sucedido. Dentro del Colegio de Arquitectos, por ejemplo, existe una agrupación voluntaria de arquitectos dedicada a divulgar el Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad Valenciana, y recibe el nombre de Edilicia. También los ya mencionados Consell Valencià de Cultura o la Real Academia de Bellas Artes podrían sentirse interpelados por el derribo, pues en otros casos como el cine Metropol se pronunciaron a petición de la administración, algo que ahora no ha ocurrido.

Ribó lo justifica para ampliar el Clínico y Català lo llevará al Consell Valencià de Cultura

Preguntado al respecto, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, dijo este lunes que la ampliación del Hospital Clínico "estaba programada desde hace mucho tiempo" y que esta actuación es "una necesidad" para que el hospital siga siendo un centro puntero "en investigación y sanitariamente". La postura del gobierno municipal es clara, según el alcalde: "Es un centro que estaba inutilizado desde hacía bastante tiempo".

Y ante las críticas del Colegio de Arquitectos sobre la falta de protección de la arquitectura modernista, Ribó dijo no tener información y que "es posible que se pudiera haber utilizado a través de una rehabilitación", pero que cree que "es bueno para la ciudad que sea una ampliación del (hospital) Clínico".

Por su parte, la portavoz del PP, María José Català, afirmó que el derribo se ha hecho "de manera precipitada sin tener la seguridad jurídica del nivel de protección patrimonial de este entorno arquitectónico". Según Català, "el gobierno local ha utilizado un subterfugio legal para autorizar el derribo de la naves al no tener el Ayuntamiento un plan urbanístico que las proteja".

De hecho, el departamento de Patrimonio de la Conselleria aprueba la viabilidad del derribo acogiéndose a la falta de un Plan Especial que recoja concretamente si esta unidad es tal y si por ende, estas naves están protegidas o no. La Universitat de València adquirió el compromiso de elaborar un Plan Especial de protección pero todavía no lo ha presentado. Por ello, el Ayuntamiento de València considera que estas naves no están protegidas dado que formalmente sólo lo está el edificio principal.

Por su lado, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Fernando Giner, lamentó un nuevo conflicto con la gestión del patrimonio histórico de Valencia, tras visitar la demolición de la Antigua Escuela de Agrónomos. Calificó el derribo como "un nuevo despropósito de Ribó con el patrimonio histórico" y recordó otros casos de "dejadez municipal con el patrimonio", como pintar de gris un tramo de la muralla medieval en el túnel de Blanquerias, el mantenimiento de La Lonja, el consentimiento de los aparcamientos delante de Bienes de Interés Cultural como Las Atarazanas y La Roqueta  y permitir el posible derribo del antiguo cine Metropol.  

El portavoz de Ciudadanos concluyó criticando "las continuas agresiones del equipo de gobierno, Compromís y PSPV, contra el patrimonio en edificios protegidos del centro histórico o la falta de atención a las recomendaciones del  Síndic de Greuges".