VALÈNCIA (EFE). La diputada autonómica del PSPV-PSOE Ana Barceló ha pedido hoy la ilegalización del PP nacional por sus "prácticas corruptas", que "sientan en el banquillo a 126 personas vinculadas al partido por más de 30 causas" con un "modus operandi" similar, ha asegurado.
La también secretaria de Ciudadanía del PSPV-PSOE ha realizado estas declaraciones en relación a la confesión facilitada ayer al fiscal por parte de Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama Gürtel, en la que menciona expresamente al expresident de la Generalitat Francisco Camps.
Esta confesión, sumada a la de nueve de los diez empresarios procesados en la causa que se empieza a enjuiciar el próximo lunes en la Audiencia Nacional sobre financiación ilegal del PP valenciano en 2007 y 2008, deja "sin argumentos a la cúpula del partido en aquellos años", ha agregado Barceló.
"Estamos convencidos, como dice Correa, de que Camps era el eslabón perdido, la X que hemos buscado durante años", motivo por el cual ha pedido que el expresident deje el Consell Jurídic Consultiu valenciano y a la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que dé explicaciones al respecto.
"Correa ha reconocido los mismos hechos que sostiene el PSPV en su escrito de acusación a cinco días de que la cúpula del PP de Camps se siente en el banquillo de los acusados", ha insistido.
A su juicio, "queda por saber quién hizo las presentaciones" entre el gobierno la trama Gürtel y el gobierno de Camps, que hasta ahora "estaba apartado del foco, excepto en una de las causas, seguramente porque sus correligionarios no han querido implicarle".
"Pero ahora lo hace el jefe de la trama. Si Camps consintió y abrió las puertas de la Administración a la trama corrupta, tendrá que explicar por qué", según la parlamentaria.
"Si esto es así, como dice Correa, que Camps fue ese eslabón perdido, habrá merecido la pena la inversión, el esfuerzo y el dinero", ha apuntado Barceló, quien ha recordado las consecuencias económicas que este y otros procesos penales han tenido para su partido, que recientemente ha vendido su céntrica sede en València.
"Deberían ilegalizar el PP. Lo que ha hecho debe servirnos para hacer un manual de malas prácticas en las que ningún partido debería caer, de cómo utilizar el poder en beneficio propio. No vamos a aceptar que el PP diga que son hechos del pasado, porque quienes ahora dirigen el partido en la Comunitat son los suplentes de quienes lo dejaron por sentarse en el banquillo de los acusados", ha agregado.
Barceló ha destacado otro de los argumentos que expuso Correa en su escrito al fiscal: el reconocimiento de que hubo facturas falsas, por su trascendencia en otras piezas del caso Gürtel, como la quinta, en la que se verán contratos de seis consellerias del Gobierno de Camps con empresas de Correa, o la sexta sobre delitos fiscales.
"Todo esto es una prueba irrefutable de que se emitieron facturas falsas, se cobró en B y se ocultó dinero al fisco, todo ello propiciado por un Gobierno y un presidente que tantas lecciones de ética nos dio durante años en la Comunitat Valenciana. El mundo idílico que dibujó -ha ironizado- se deshace como un azucarillo".
Preguntada por si la confesión de Correa provocará una modificación del escrito de acusación del PSPV en el juicio que empezará el próximo lunes, Barceló ha dicho: "No sabemos si se mantendrá el calendario, esta confesión puede trastocar el juicio".
"Es posible que las defensas cambien sus estrategias porque se quedan sin argumentos. Si los empresarios y Correa no hubiesen admitido los hechos el PP tendría más opciones para su defensa. Son cinco días frenéticos -hasta el inicio de las vistas- para saber cómo cambiarán las cosas", ha declarado.
Sobre unas recientes declaraciones del exlíder del PSPV Joan Ignasi Pla en las que aseguró que Camps "tiene derecho a no ser maltratado", Barceló ha indicado que desconoce el contexto en el que se produjeron, pero se ha mostrado convencida de que Pla "comparte" que se ha encontrado "la X" que "tantos años" llevan buscando.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell