VALENCIA. Hace unos días hablábamos de reuniones entre AirBnB y Homeway dentro de las iniciativas planteadas por la Agencia Valenciana de Turismo para atajar el intrusismo y aumentar el control sobre la legalidad de los alojamientos publicitados. A partir de estas reuniones se estableció una ruta a seguir en cuanto a cumplimiento de la legislación de la Comunitat Valenciana. Según fuentes de Turismo, esta empresa de economía colaborativa está estudiando de forma técnica cómo conectar su oferta de alojamiento con las bases de datos de oferta legal de la Comunitat.
Ahora bien, una nueva ola de quejas se ha levantado en la ciudad de Valencia. En este caso por parte de particulares que no pueden inscribir sus alojamientos en el Registro de Viviendas Turísticas debido a las condiciones que impone la estricta normativa general del Ayuntamiento de Valencia, incluida en una modificación del PGOU del anterior gobierno.
Entre estos requisitos se encuentra, por ejemplo, la necesidad de aportar un informe de compatibilidad urbanística o, como explica Javier Murguía, presidente de la Asociación Valenciana de Alojamientos Turísticos (Valtur), que el suelo sea terciario. "Lo considera como hotelero, algo que es imposible para una vivienda que quiere inscribirse como turística", apunta. "Antes ya había que registrar estas viviendas pero lo que hicieron fue decir que el suelo tenía que ser terciario, por lo que ahora rechazan prácticamente todo. Está bloqueado porque no es viable registrar pisos independientes".
Esto ha provocado que muchos propietarios alquilen, cumplan con el decreto, declaren sus ingresos y paguen sus impuestos pero no tengan número de inscripción por lo que no se pueden legalizar. Desde el Ayuntamiento de Valencia aseguran que están sobre el problema y el miércoles que viene tendrán una reunión con las áreas de Licencias urbanísticas, de actividades, Turismo Valencia y la Agencia Valenciana de Turismo.
"El objetivo es desenmarañar el entuerto que generó el PP, queremos adaptar la norma a la realidad", explican fuentes de Turismo. "Nos basábamos en una norma de los 80, en los que los apartamentos turísticos no existían y queremos que sea una oferta regulada, con garantías para los vecinos y los usuarios y no suponga una competencia desleal. Por eso buscamos la coordinación con la Generalitat, que es quien tiene el registro general, y nunca hasta ahora Ayuntamiento y Generalitat se habían sentado a hablar".
Entre los afectados está Susana, quien explica a Valencia Plaza que compró un piso, hizo la obra y lo convirtió en dos apartamentos, siempre con la intención de hacerlo legalmente. "Inicialmente nos lo pusieron muy fácil, pero luego nos pidieron requisitos imposibles de cumplir", explica. "Nosotros estamos desmoralizados porque siempre hemos querido hacer las cosas bien". Les dijeron desde que tenía que estar insonorizado por arriba y por debajo hasta que no podían tener ni enfrente ni debajo vivienda. "Esto es imposible de cumplir".
Mientras, Javier Muguía ve como una posibilidad al pago de una tasa turística con una normativa mínima, como hace París y se plantea Cataluña. "AirBnB y todas estas tecnologías son algo imparable y el sector hotelero debe de entender que es otro tipo de producto al suyo". Este viernes, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, comparecerá en Les Corts para hablar sobre las reuniones entre la Generalitat y las plataformas de economía colaborativa.