Así lo aseguraron este jueves a Valencia Plaza fuentes de la Administración central, que explicaron que las indagaciones de Bruselas se refieren a ayudas procedentes de Fondos Feder y Fondo Social Europeo.
Ni Ciegsa ni Feria Valencia recibieron esas ayudas, sino que lograron financiar sus obras con préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Concretamente, Feria Valencia recibió 97,5 millones, mientras la empresa pública encargada de construir colegios recibió 300 millones. El BEI tiene sus propios sistemas de control y, de hecho, ha requerido a la Generalitat que acabe los colegios incluidos en el plan Creaescola, por el que obtuvo la financiación.
En relación a los créditos del BEI, Feria Valencia concretó este jueves no haber tenido conocimiento de investigaciones recientes por parte de banco.
Meses atrás, coincidiendo con la publicación del informe de la Intervención de la Generalitat que destapaba sobrecostes millonarios, una delegación de la entidad sí estuvo en el recinto para interesarse por la situación y conocer la solvencia del recinto para afrontar la deuda.
Las mismas fuentes aseguran que la carta de Bruselas no es algo excepcional, ya que la CE tiene obligación de controlar el buen uso del dinero que otorga. Se trata, explican, de un procedimiento habitual que la Comisión Europea pone en marcha cuando tiene noticias sobre un caso de corrupción, bien sea por la denuncia de un particular, por la pregunta de un eurodiputado o por la prensa, como el caso actual.
'Operación Taula' en la sede de Ciegsa, el pasado 26 de enero. Foto: MARGA FERRER
Según estas fuentes, Madrid y Andalucía también han recibido la carta en diferentes ocasiones para ver si en sus respectivos casos de corrupción hay algo vinculado con fondos europeos.
Certificaciones congeladas
La carta remitida por la directora general de Política Regional y Urbana, Charlina Vitcheva fue registrada en el Ministerio de Hacienda el pasado 16 de febrero, en pleno aluvión informativo por la sucesión de casos de supuesta corrupción.
En la misma se instaba al Ministerio a que, en el plazo de un mes, proporcionase a la Comisión pertinente con el fin de determinar si existen proyectos cofinanciados con fondos europeos afectados por las investigaciones judiciales en marcha, sin referencias expresas a ningún caso.
Fuentes del departamento que dirige Vicent Soler explicaron este jueves que la Generalitat dispone de una copia de la carta desde hace varios días y que, pese a la cercanía del final del plazo otorgado, el Ministerio de Hacienda no ha requerido a la Conselleria el envío de la información que reclama Bruselas sobre la lista de organismos investigados, los proyectos cofinaciados y los importes certificados. Pese a ello, la Conselleria de Hacienda prevé enviar los datos la semana próxima.
Entre otras advertencias, la comisaria Vitcheva recuerda al Ministerio de Hacienda que los gastos relativos a "proyectos afectados por investigaciones de fraude" no deberían ser certificados a la Comisión ante la conclusión de las mismas, lo que condiciona la validación de los proyectos a la evolución de los procesos judiciales.
Charlina Vitcheva
