VALÈNCIA. El dopaje electoral con el que presuntamente la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se presentó a las elecciones del 2007 parece que empieza a tomar forma, después de que Valencia Plaza presentara en la Fiscalía Anticorrupción los papeles que acreditarían el presunto delito electoral.
La nueva píldora del supuesto dopaje, según el informe de la UCO es, ni más ni menos que, según el que fuera responsable de sus actos de campaña, "el presupuesto en 2006 (un año antes de las elecciones) era ya cercano al millón de euros", cuando el contrato firmado por el PP era de 150.000 euros.
El responsable de los actos de la campaña de Rita Barberá en 2007, Adrián Carles G., trabajador de la presunta empresa pantalla Laterne Product Council (LPC), aseveró en una declaración ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que le obligaban a salirse de las reuniones de trabajo sobre la campaña en determinado momento, un hecho que evidenciaría las trampas sistemáticas del PP de Barberá.
Según sus propias palabras: "en dichas reuniones se hablaba sobre varios actos que había que ejecutar en relación con la Campaña de 2007. Que cuando el manifestante hablaba con los proveedores que ejecutarían los actos y le remitían el presupuesto de los mismos, lo trasladaba a Vicente Saez y Alfonso Grau. Que, en las reuniones anteriormente mencionadas, en cierto momento se le indicaba que se marchase, quedando sólo Vicente Saez y Alfonso Grau".
Según la declaración del Adrián, las trampas para que no se supiera que el dinero que se pagaba a los proveedores era de la campaña de Barberá se llevaron hasta el último extremo. Desde el pago en dinero negro, según un proveedor, pasando por los cambios en los conceptos de las facturas para que no tuvieran éstas relación con la campaña, hasta que "no facturaban por dichos actos, y que los mismos se cobraban como gastos de personal por horas", como afirma el testigo.
Otra de las respuestas que el testigo expone en su declaración es, ni más ni menos, que el montante total que el PP de Valencia tenía para pagar la campaña era muy, muy superior al que firmaron y, por ende, declararon.
Según la declaración, "la previsión de gastos estaría entre 1 millón y 2 millones de euros", un hecho llamativo ya que según el contrato firmado por el número dos de Barberá, Alfonso Grau, el citado contrato era por un valor de 150.000 euros. Sobre el coste total que se baraja de la campaña era de "entre dos y tres millones de euros", y el testigo afirma que "como responsable de ejecución de la campaña, los gastos parecen coherentes".
Amaños
Pero si hay una respuesta que hunde al Partido Popular de la ciudad de Valencia es la respuesta a que explique qué le parece el contrato por 150.000 euros. El testigo es claro es su respuesta: "Le extraña, ya que un año antes de la campaña ya se mantenían reuniones en las que se hablaba sobre el presupuesto, que ya en esas fechas rondaba el millón de euros. Que, en sucesivas reuniones, dicho presupuesto iba aumentando tanto a propuesta de Vicente Saez como de Alfonso Grau".
Y en referencia al límite de gasto que supuestamente debía haber, Adrián Carles G., explica: "No se trabajaba con un presupuesto fijo ni un límite de gasto, ya que se iban aprobando ampliaciones siempre que las mismas pudiesen ser beneficiosas para la campaña". Esta respuesta pone entre la espada y la pared al jefe de la campaña, al número dos de Barberá, Alfonso Grau, quien deberá responder porqué casi todos los testigos le señalan como el cerebro de la presunta trama corrupta.