Grau aporta como fianza su casa de 246 metros cuadrados de Porta de la Mar

VALÈNCIA. Alfonso Grau, el que fuera mano derecha de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha puesto su casa como fianza ante la requisitoria del juez del llamado Caso Taula, Víctor Gómez, que le solicitó un millón de euros de fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades derivadas de una futura condena como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos.

Grau es uno de los principales imputados dentro de la pieza del Caso Taula que investiga la presunta financiación irregular del PP de la capital del Turia, así como un supuesto delito de blanqueo de capitales. Un caso que afecta a todo el grupo municipal de los populares de la pasada legislatura, salvo a cuatro personas que se negaron a blanquear el dinero.

El ex vicealcalde ha enviado al juzgado de Taula la tasación, a precio de mercado, que dos inmobiliarias han hecho de su piso. Se trata de una casa en la plaza Porta de la Mar de 246 metros cuadros con cuatro habitaciones, dos cuartos de baño, cocina office y un balcón que se podría adquirir por el módico precio de 1.300.000 euros según una de las inmobiliarias y, por 1.400.000, según la segunda empresa consultada por la defensa de Grau.

Pueden pedirle otros activos

Al menos en ese precio es en lo mínimo que las dos inmobiliarias valencianas tasan la vivienda de Alfonso Grau, quien dentro de las posibilidades que el juez le otorgaba de bienes a tasar y aportar para un embargo preventivo, ha optado por solo aportar este inmueble. Sin embargo el hecho de presentar su piso no implica que desde el juzgado no se le requieran otros activos ya que, en el auto en el que se le solicita la fianza, los bienes muebles no eran los principales activos que le pedían que aportara al juzgado.

Tal y como explicó este periódico, el magistrado impuso un orden de los bienes y activos que Grau debía presentar ante el juez. El magistrado en su auto aseveraba que dichos bienes se debían ajustar a un orden: "dinero o cuentas corrientes; créditos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos y valores admitidos a cotización en el mercado secundario oficial; joyas y objetos de arte; rentas de dinero, intereses de rentas o frutos; bienes muebles, participaciones sociales y títulos o valores no admitidos a cotización oficial; bienes inmuebles; sueldos, salarios, pensiones ingresos procedentes de actividades profesionales y créditos realizables a largo plazo y empresas".

Sin embargo, en el escrito presentado por el letrado de Grau solo se habla del piso y, en ningún momento se hace referencia a que no se haya seguido la orden del juez porque Grau no tenga otro tipo de activos. Esto podría llevar a los investigadores a reclamar si existe, por ejemplo, dinero o cuentas corrientes y, en su caso, cuánto dinero tienen dichas cuentas. Tampoco ha explicado si tiene créditos a corto plazo, valores o rentas, todos ellos bienes y activos que para el juez tienen más valor que los bienes inmuebles.

Recurso contra la fianza

Pero si bien el abogado de Alfonso Grau no ha respondido a la lista del magistrado instructor, más allá de decirle que su cliente tiene un piso por un valor superior a la fianza, sí que le ha recordado que tiene recurrida la decisión de éste de imponer un fianza.

En el escrito del letrado, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el abogado de Grau le explica al juez que pese a que tiene una impugnación interpuesta, le aporta los bienes de Grau. Dicha frase según fuentes jurídicas consultadas por este periódico se aporta porque un recurso no paraliza los plazos impuestos por el magistrado instructor. Otro cantar es que éste requiera si hay bienes de los que no se hace mención por parte del letrado.

'RitaGate'

Alfonso Grau permaneció en un segundo plano mientras en la causa judicial solo se investigaba el presunto blanqueo de capitales, ya que cuando se cometió él ya había abandonado todos sus cargos públicos. Sin embargo, dicha investigación fue creciendo poco a poco hasta sumar a los delitos la financiación irregular.

Fue entonces, al ampliar los períodos electorales bajo sospecha, pues se pasó de investigar solo el 2015 a sumar también las elecciones de 2011 y, posteriormente, las de 2007, éstas últimas después de que Valencia Plaza entregara a la Fiscalía Anticorrupción más de 1.000 folios originales de la empresa que llevó la campaña de ese año y en los que quedaba al descubierto como, supuestamente, se recaudaron hasta tres millones de euros para el ‘dopaje’ electoral aunque el partido solo firmó una campaña por valor de 150.000 euros.

Para recaudar esas astronómicas cifras económicas se utilizaron presuntamente dos vías: por un lado, el principal montante entró presuntamente vía las empresas contratistas del Consistorio y, por otro, vías las anteriormente citadas fundaciones municipales.