La falta de licencia del Metropol ya salpica a Ribó: los dueños le acusan de "pasividad y connivencia"

VALÈNCIA. Empieza a hacerse bola el caso Metropol. Se recrudece el conflicto entre la propiedad del antiguo cine Metropol, sito en la céntrica calle Hernán Cortés, y el Ayuntamiento de València por el retraso en la concesión de la licencia de obra y actividad para implantar un hostal en el inmueble. Un nuevo escrito -ya ha habido otros contundentes- remitido por los dueños del edificio al mismísimo alcalde de la ciudad, Joan Ribó, da buena cuenta del enfado que acumulan respecto a la tramitación del proyecto hotelero: exigen al primer edil responsabilidades por "su pasividad y connivencia".

La misiva, suscrita el pasado 28 de octubre de 2021 y a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, va dirigida expresamente a Ribó, a los jefes de servicio de la comisión de Patrimonio municipal, de Disciplina Urbanística y de Actividades, y a "los respectivos concejales de los que dependen", que no son otras que la concejala de Urbanismo, la socialista Sandra Gómez, y la edil de Actividades, Lucía Beamud (Compromís).

En ella, la representación jurídica de la propiedad del Metropol exige iniciar de oficio el expediente por "la injustificable dilación" en la resolución sobre los permisos de derribo y obra solicitados. El objetivo es, precisamente, "la depuración de las responsabilidades -incluidas las económicas-" contraídas por los mencionados responsables municipales, tanto políticos como funcionarios.

Y como se ha dicho, también al alcalde "por su pasividad y connivencia" pese a las "diversas comunicaciones" realizadas desde la propiedad "dando cuenta de los hecho denunciados", reza la carta. Pero el escrito va más allá al exigir que se identifiquen a "los funcionarios y autoridades" involucrados en la tramitación de los permisos con el propósito de "individualizar las denuncias".

"Daños y perjuicios" al diseñar un nuevo proyecto

La denuncia administrativa se produce, insisten los promotores, por haber incurrido los responsables del Ayuntamiento en conductas ilegales "por la demora en la tramitación y resolución" de los trámites administrativos, así como por emitir informes y resoluciones "manifiestamente ilegales" que han causado "perjuicio grave a la administración o a los ciudadanos".

Presentada la petición de licencia de derribo en febrero de 2017, el Ayuntamiento objetó falta de plazas de aparcamiento en el proyecto de hostal y los promotores aportaron documentación justificativa, pero no hubo resolución. "La falta de pronunciamiento sobre la reserva de plazas de aparcamiento, sobre la que nunca recayó pronunciamiento, fue una de las causas, por no decir la única, que nos obligó a presentar un nuevo proyecto", dicen, lo que les provocó "daños y perjuicios".

Ciertamente, en 2020 los propietarios presentaron un nuevo proyecto, como adelantó este diario, que resolvía el problema de las plazas de aparcamiento. Y "desaparecido de escena este teórico problema -insisten-, pasó a un primer plano la imaginaria y utópica protección del inmueble", critican los dueños, que esgrimen un informe de la dirección general de Cultura y Patrimonio, elaborado en 2017 y firmado por la socialista Carmen Amoraga, que rechazaba expresamente la protección por no contar con los valores suficientes.

Resoluciones "ilegales a sabiendas" de Patrimonio

Por otro lado, detalla la misiva, "es manifiesta la responsabilidad" de la Comisión de Patrimonio Histórico al informar desfavorablemente del primer proyecto haciendo referencia a la Ley de Patrimonio Cultural. Ante ello, los propietarios subrayan que ese dictamen "no puede provenir de la ignorancia, sino de la mala fe" dado que las disposiciones esgrimidas sólo podrían aplicarse "cuando se trata de inmuebles protegidos". Máxime cuando la concejalía de Urbanismo había dejado claro, sin margen de duda, que "el edificio no figura protegido".

En este sentido, la carta pone sobre la mesa "el agravio que supone el trato discriminatorio" respecto a otros proyectos en la ciudad como la demolición del edificio de Ingenieros Agrónomos para que la Conselleria de Sanidad ampliara el Hospital Clínico. En ese caso, insiste el escrito jurídico, "se consintió su derribo en menos de 48 horas, y sin proyecto de restitución" como se solicitaba en el Metropol pese a que aquel edificio sí estaba protegido.

Por ello, una de las conclusiones del escrito es que se están dictando resoluciones "ilegales a sabiendas y manifiestamente injustas", por lo que cabe exigir responsabilidades disciplinarias: "Nos vemos sumidos con grave perjuicio de imagen, comercial, de oportunidad y reputacional por la maliciosa tramitación de determinados servicios municipales". E incluso llega a señalar que la vinculación del edificio a la II República -"sobre la que nada tendríamos que oponer"- se está utilizando "al servicio de una idea política" al tiempo que se impide el ejercicio de los derechos de los dueños.

"Malintencionado enredo procedimental"

Asimismo, la carta critica lo que considera un "malintencionado enredo procedimental" especialmente a raíz de un informe del pasado mes de mayo de un "comité de expertos" de la Conselleria de Memoria Democrática, que dirige Rosa Pérez Garijo, y que abogaban por proteger la fachada y que el Ayuntamiento lo declarase Bien de Relevancia Local (BRL). Los dueños recuerdan que aquella comisión "carece de competencia" al no pertenecer a la Conselleria de Cultura, que su informe presenta un "infundado contenido por falta de prueba alguna que justifique sus argumentos".

Pero van más allá y cargan contra "los currículo de sus miembros" y considera ese movimiento como uno más para "acumular obstáculos en lugar de removerlos" como exige la normativa administrativa. Y expone que la concejalía de Actividades, Urbanismo y la Comisión de Patrimonio llevan pasándose el expediente durante meses, un "tortuoso proceder" que según la propiedad del Metropol busca "esperar que llegue la mano amiga que tenga el valor de firmar una resolución protectora del inmueble".

Indemnización a los propietarios

Además de este escrito, que pide la apertura de expediente de responsabilidad al alcalde, concejales y jefes de servicio, hay otro proceso abierto por posible responsabilidad patrimonial abierto por el Ayuntamiento. Los promotores del hotel, la firma Metrolevante, presentaron en julio un escrito en el que, como adelantó Valencia Plaza, acusaban al Ayuntamiento de buscar la "obstaculización" del proyecto con "contradicciones internas de los propios organismos municipales" y la petición de informes innecesarios "aun conociendo la inexistencia de protección alguna" del cine.

Por ello, reiteraban "por enésima vez la responsabilidad exigible al Ayuntamiento" por los retrasos. Y el consistorio ya ha abierto el proceso para indemnizar a los propietarios. Por su parte, el seguro ya ha advertido al consistorio de que la póliza contratada por la administración local no cubre este tipo de indemnizaciones al tratarse de "una decisión política" el hecho de dar o no una licencia. Con todo, aún se desconoce a cuánto dinero ascendería esta indemnización.

Último proyecto de 54 habitaciones

El último proyecto presentado por Metrolevante para implantar el hostal, adelantado por este diario, contempla un total de 4.230 metros cuadrados construidos con 54 habitaciones. Actualmente el antiguo cine consta de un sótano, la planta baja y cuatro plantas superiores, además de un ático y una planta de trasteros bajo cubierta. La nueva edificación que proyectan los propietarios, y para la que el Ayuntamiento no ha dado licencia, mantiene las plantas superiores y cuenta con un semisótano y dos plantas de sótano para el aparcamiento, según la memoria general del proyecto, que data de abril de 2020.