Personal sanitario equipándose en la UCI del Hospital Clínico de València. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. (VP/EP) La temporalidad del personal estatutario de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública representaba el 61,1% en el 2019, año anterior a la pandemia, lo que supone un aumento de 2,2 puntos respecto al ejercicio anterior y más de 20 puntos en el periodo 2012-2019. Así lo refleja el informe de la Sindicatura de Comptes que incide en que las ofertas públicas de empleo (OPE) lanzadas por este departamento son "claramente insuficientes" para reducir estos índices.
En concreto, el documento, presentado este miércoles, señala que las OPE para los ejercicios 2017 y 2018 contemplaban una oferta de 5.029 y 6.790 plazas respectivamente, mientras que la de 2019, era de 2.032 plazas. Unas cifras "claramente insuficientes para reducir la temporalidad, ya que el personal estatutario temporal asciende a 31.370 empleados a 31 de diciembre de 2019", incide.
Además, la pandemia no ha ayudado a relajar esta situación. "La dilación en la celebración de los procesos selectivos se ha visto agravada en 2020 por la situación de crisis sanitaria que ha supuesto la paralización de los procesos selectivos en vigor y el aplazamiento de las nuevas convocatorias", señala la Sindicatura.
Una situación que, según refleja, ha evidenciado "las dificultades que la alta temporalidad plantea en la consecución de los objetivos de eficiencia en la asignación de los recursos públicos y de eficacia en la prestación de los servicios".
Al respecto, el 'síndic major' de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, subrayó que la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de que Sanidad realice una planificación estratégica de todos sus recursos humanos. "Ahora nos damos cuenta de la importancia de tener un personal en las condiciones adecuadas y con buenos medios", puntualizó.
También auguró que los contratos de emergencia serán una de las cuestiones que deberá fiscalizar "con mucha conciencia" en el análisis de 2020. "En muchos casos sí se cumplen los requisitos porque la pandemia se nos ha echado encima", ha constatado.
Más allá de sanidad, el Síndic alertó de que la Generalitat tiene una provisión insuficiente de personal "para todo lo que se espera" con el reconocimiento de la carrera profesional y la conversión de interinos en personal estatutario. La auditoría recoge que los gastos de personal en general están de acuerdo con el marco normativo, con algunas excepciones, y que en 2019 estaban infravaloradas en 122,8 millones de euros.
El Síndic también puso el foco en las compras directas de material sanitario o farmacéutico que "no llegan ni a tener un expediente" y ha recomendado que se agrupen para que sean más transparentes y competitivas. "Hay indicios de que tanta compra individual podría suponer un fraccionamiento de contratos", resaltó, algo que recoge la memoria junto a los pagos de estos productos fuera de plazo.
En el ámbito financiero, entre las excepciones incluidas en el balance de 2019 destaca la de que quedan 37 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o en trámite de las concesiones sanitarias del "modelo Alzira", el departamento de La Ribera (Valencia) que pasó a gestión pública en 2018. Por tanto, "no es posible determinar los efectos" que tendría la reversión en la cuenta de la Generalitat.
Sindicatura tampoco pudo comprobar que la propuesta del acta definitiva de recepción de los bienes y servicios afectados a la concesión del servicio público de La Ribera fuera aprobada por el órgano competente y fiscalizada por la Intervenció de la Generalitat. Esto supone que "no consta que la reversión haya sido realizada de conformidad y a satisfacción de la administración".
