VALÈNCIA. El Síndic de Greuges ha instado al Ayuntamiento de València y a la empresa municipal Aumsa que adopten una solución en el conflicto abierto con la plataforma de inquilinos de un centenar de viviendas dependientes de la firma pública. El Síndic, en una resolución emitida el pasado 10 de mayo, afea la falta de comunicación de la administración para los inquilinos y pide a la administración que cumpla con los contratos de alquiler con opción a compraventa de los pisos construidos hace más de diez años.
Los inquilinos denunciaban que desde finales de 2019, la sociedad que gestiona estas viviendas y el propio Ayuntamiento les habían "ignorado" ante su petición de convertir sus contratos de renta en compraventa, una opción recogida en las cláusulas de los contratos de alquiler firmados en algunos casos hace más de diez años. El conflicto que ha bloqueado este paso reside en el precio de las viviendas: los inquilinos consideran que el precio que se les oferta es excesivo.
El precio que el consistorio ofrecía a los inquilinos es de 1.820 euros por metro cuadrado útil de vivienda, unos 1.450 por metro cuadrado construido. Cuantía que, en algunas viviendas, supera los 160.000 euros más IVA. Se trata del módulo máximo que fija la Generalitat para las viviendas de protección pública. A ello se acoge la plataforma para exigir unas cuantías menores, algo que en el gobierno municipal defienden que no se ajustaría a ley, según el secretario consistorial, pues se estaría vendiendo vivienda pública por debajo de lo tasado.
Subrayaban en Aumsa, que preside la edil Sandra Gómez, que la rebaja cabría en circunstancias especiales, como que la tasación de las viviendas se encontrara por encima del precio de mercado. Además, apuntaban, se había acordado con los inquilinos que el alquiler que hubieran abonado desde su entrada a la vivienda, se descontará en su totalidad del precio total. En el contrato inicial, sin embargo, sólo contaría en torno al 65% de lo abonado, y no el 100%.
En la plataforma, por su parte, consideraban que el secretario municipal "ha realizado una interpretación errónea de la legislación" al confundir el precio máximo con el precio final. Asimismo, señalaban que otras promociones de vivienda pública se han enajenado con un precio inferior, a 1.290 euros el metro cuadrado, lo que, insistían, "genera un agravio comparativo".
En marzo del año pasado, el Consejo de Administración de Aumsa aprobó elevar la cuestión al Consell Jurídic Consultiu. Concretamente, se le dio traslado de "la posibilidad de ampliar el porcentaje de alquiler pagado que se le puede descontar del precio total de la vivienda". Sin embargo, por el momento no ha habido más noticias al respecto.
Los vecinos denunciaban que ni la entidad municipal ni el propio Ayuntamiento han contestado a los requerimientos, ni justificado sus actuaciones. "Sólo ha habido silencio e incumplimiento de contrato", denuncia la plataforma. Lo que considera el Síndic es que el Ayuntamiento de València no está actuando con los principios de simplicidad, claridad, proximidad a los ciudadanos, racionalidad y agilidad en los procedimientos administrativos por la falta de respuesta al colectivo de inquilinos, que se constituyó en asociación hace año y medio y que aglutina a más de un centenar de familias residentes en viviendas de Aumsa.
En este sentido, el Síndic también insta al Ayuntamiento a que tome las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de Aumsa, y en particular, para que impulse la tramitación de los expedientes de formalización de los contratos de compraventa, ya que no puede escudarse en la inactividad de una empresa municipal para realizar la dejación de sus funciones. "La situación de indefensión que genera esta situación acarrea perjuicios económicos a los inquilinos, así como dudas legales de la actuación de la entidad y del Ayuntamiento de València", explican en la plataforma.
