VALÈNCIA. (EP) El Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas (Aumsa), dependiente del Ayuntamiento de València, ha acordado este viernes elevar al Consell Jurídic Consultiu (CJC) la posibilidad de minorar el precio fijado para la vivienda protegida, según ha informado fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano.
Asimismo, en esta reunión se ha decidido trasladar al CJC "la posibilidad de ampliar el porcentaje de alquiler pagado que se le puede descontar del precio total de la vivienda". Sucede tras las quejas planteadas por inquilinos de estos inmuebles y las solicitudes de quienes tiene opción a compra en favor de una rebaja del precio de adquisición de las casas.
Estos vecinos reclamaban un precio asequible para comprar sus viviendas de alquiler después de estar diez años viviendo en ellas. Tras estos planteamientos, Sandra Gómez destacó que los precios se establecen por ley y anunció la convocatoria de un Consejo de administración de Aumsa para abordar esta cuestión.
Se trata de unas cien viviendas repartidas en varias localizaciones de la ciudad: en la avenida Maestro Rodrigo, en Arquitecto Segura Lago, Maldonado, Osset y Trafalgar. Tras haber pospuesto la aprobación del precio de compra, ahora se volverá a llevar al Consejo de Administración y, con toda probabilidad, saldrá adelante. El precio que el consistorio ofrece a los inquilinos es de 1.820 euros por metro cuadrado útil de vivienda, unos 1.450 por metro cuadrado construido. Cuantía que, en algunas viviendas, supera los 160.000 euros más IVA.
Es el módulo máximo que fija la Generalitat Valenciana para las viviendas de protección pública. A ello, al hecho de que es un máximo, se acoge la plataforma de inquilinos para exigir unas cuantías menores, algo que en el gobierno municipal y en la empresa pública defienden que no se ajustaría a ley, según el secretario consistorial, pues se estaría vendiendo vivienda pública, patrimonio municipal, por debajo de lo tasado.
Subrayan en Aumsa, que preside la edil Sandra Gómez, que la rebaja cabría en circunstancias especiales, como que la tasación de las viviendas se encontrara por encima del precio de mercado. Además, apuntan, se ha acordado con los inquilinos que el alquiler que hayan abonado desde su entrada a la vivienda, se descontará en su totalidad del precio total. En el contrato inicial, sin embargo, sólo contaría en torno al 65% de lo abonado, y no el 100%.
En la plataforma, por su parte, consideran que el secretario municipal "ha realizado una interpretación errónea de la legislación" al confundir el precio máximo con el precio final. Asimismo, señalan que otras promociones de vivienda pública se han enajenado con un precio inferior, a 1.290 euros el metro cuadrado, lo que, insisten, "genera un agravio comparativo". Recuerdan además que, cuando los partidos del gobierno -PSPV y Compromís- se encontraban en la oposición, solicitaron "una bajada sustancial del módulo de vivienda de protección oficial ya que lo consideraban excesivo y especulativo".
