Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Con la primavera acechando, del Acord del Botànic vuelven a brotar cambios. Pese a que la renovación de Consell Jurídic Consultiu (CJC) aún está encallada, los grupos se han arremangado la camisa para reorganizar la Sindicatura de Comptes. Aunque ya se acordó su nueva composición, ahora toca definir su funcionamiento. Y la limitación estricta del mandato de los síndicos se erige como la principal novedad.
Tal y como recogen PSPV, Compromís y Podemos en una de sus 30 enmiendas conjuntas, el Síndic Major no podrá renovar su etapa como director del organismo. Una limitación temporal que las fuerzas del Botànic han decidido solventar ampliando el período de mandato, pasando de tres a seis años, y que no estaba prevista en la norma vigente aprobada por el Gobierno de Joan Lerma en 1985.
No obstante, este no es el único cambio. La enmienda de los tres grupos señala que ya no será el president de la Generalitat el que elija al Síndic Major entre los tres síndicos propuestos por Les Corts, ahora será el propio parlamento valenciano el que lo haga mediante mayoría absoluta.
El nuevo artículo, además, señala que en caso de no salir escogido con los votos requeridos en primera votación, el Síndic Major podrá ser respaldado en una segunda ronda por mayoría simple. Es decir, saldrá el candidato o candidata con mayor número de votos de la Cámara. Y añade el proyecto: "En caso de empate, se efectuará una última votación" que, de repetirse los resultados, "recaerá la elección en el síndico o síndica de sexo opuesto al del síndico o síndica mayor saliente". Una situación que, si no fuese posible, haría recaer el nombramiento en el miembro más longevo de los tres.
Esta enmienda -y las 79 restantes que se han presentado a la proposición de modificación de la ley propuesta por Podemos- debe pasar por la Comisión de Coordinación de Les Corts para que debatirse y votarse. Sin embargo, todo indica que saldrá adelante sin dificultad, puesto que, además de Podemos, PSPV y Compromís, también Ciudadanos está de acuerdo con que el mandato sea de seis años no renovables.
Un apoyo necesario, ya que al tratarse de un órgano estatutario, requiere que la enmienda sea respaldada por dos tercios de la comisión. Es decir, los 10 diputados que suman los cuatro partidos en una comisión compuesta por 15 parlamentarios. No obstante, los naranjas recomiendan revisar el método de votación del Síndic Major: en lugar de por mayoría absoluta, abogan por que se acometa por mayoría cualificada.
Ahora bien, no todo es unidad en el Botànic. De hecho, los dos socios de gobierno han propuesta otras modificaciones respecto a los síndicos. Entre ellas, que éstos sean propuestos como mínimo por dos grupos parlamentarios independientemente de la representación parlamentaria que el partido tenga.
Una proposición, sin embargo, que puede no salir adelante por los tiranteces entres las formaciones progresistas. Y es que, aunque los morados han presentado una enmienda individual que recoge también esta consideración, se han desmarcado del PSPV y Compromís. No comparten el artículo donde se especifican los motivos por los que una persona podrá no ser nombrado síndico del órgano.
Para los de Antonio Montiel, alguien que haya recibido una subvención, "avales o exenciones fiscales que reúnan la condición de directas y personales, concedidas por el sector público valenciano", debe ser razón de peso para no entrar en la quiniela para formar parte del organismo.
Los socialistas y nacionalistas, por su parte, no hace tal distinción. Los segundos matizan que el motivo por el que han rechazado incluir esta consideración entre sus enmiendas radica en que hacerlo podría "dificultar la búsqueda de una persona para ocupar el puesto" pudiendo llegar a "la ineligibilidad" de candidatos que, por ejemplo, "fueron beneficiarios del programa Xarxa Llibres".
Pero no es el único aspecto en el que los morados se han distanciado de los partidos del Consell. Como ya advirtieron a principio de año, se mantienen inamovibles en aspectos como el de que la Sindicatura pueda multar a aquellos que no remitan la información que se les haya requerido. Los morados contemplan que el Consejo de la Sindicatura podrá imponer sanciones de 600 euros -si es la primera infracción que las "personas físicas o jurídicas" cometen- y hasta 6.000 euros para aquellas que sean reincidentes.
Los nacionalistas, no obstante, subrayan que, aunque es cierto que el órgano fiscalizador en ocasiones "tiene problemas para conseguir toda la información que necesita para acometer sus funciones", no consideran que esta sea la solución al citado problema. Y recuerdan no haber encontrado "en el resto de leyes autonómicas ningún otro órgano fiscalizador con esta capacidad".
Podemos en esta proposición sí que cuenta con un aliado: Ciudadanos. Los naranjas son el único partido que, como los de Antonio Montiel, ha contemplado que la Sindicatura de Comptes tenga capacidad para imponer sanciones. Sin embargo, las cuantías que ha estipulado el partido de Alexis Marí son menores: de 150 euros la sanción menor a 3.000 la más alta. Este apoyo, sin embargo, no es suficiente para sacar este punto adelante. Y más cuando PSPV, Compromís y PP no han querido fijarla entre sus modificaciones.
Más de un año después de que Podemos plantease reformar la Ley de la Sindicatura de Comptes en su apuesta por mejorar la transparencia en las instituciones y luchar contra la corrupción, la reforma del funcionamiento de este organismo comienza a abordarse. Unas negociaciones que se esperan menos longevas que las del Consell Jurídic Consultiu, que vive su particular día de la marmota.
