Podemos quiere reformar la Sindicatura de Cuentas para aumentar el control

VALENCIA. Aprovechando el escándalo de la Operación Taula, que afecta de lleno al PP valenciano y a escasos meses de la renovación de Rafael Vicente Queralt en su cargo como Síndic de Comptes, Podemos, el partido que ha hecho de la lucha anticorrupción su bandera política, plantea una Proposición de Ley para reformar la Sindicatura de Cuentas. 

En su apuesta por mejorar la transparencia en las instituciones y la lucha anticorrupción, la formación morada que lidera Antonio Montiel plantea en esta iniciativa aumentar el control que ejerce este organismo.

Según explicó el portavoz, la reforma va en paralelo a la creación de la Agencia Contra la Corrupción. "El PP confunde lo público con lo privado y por tanto, tras estos vergonzosos episodios de corrupción, además de la Agencia Contra la Corrupción proponemos la reforma de la Ley de Sindicatura de Cuentas" explicó el portavoz de Podemos.

La formación morada plantea que pasen a ser tres los máximos responsables de la Sindicatura y que su cargo sea válido por un periodo de seis años, renovable una única vez, elegido por les Corts. El texto es más estricto en lo que se refiere al régimen de incompatibilidades, extendiendo las limitaciones a autoridades o funcionarios que hubieran desempeñado funciones de dirección, gestión, inspección  o intervención de ingresos o gastos en entidades del sector público valenciano.

Una de las modificaciones que destacan es el incremento de informes que la Sindicatura debe realizar, uno cada cuatro meses, con carácter provisional. En dichos informes los síndics podrán realizar aportaciones y asimismo informar sobre si se cumplen o no sus recomendaciones. Otra de ellas es que, según esta proposición, los auditores dejarían de ser contemplados como órganos de la Sindicatura, aunque no se elimina la figura.

La propuesta de Podemos incluye también a las fundaciones constituidas con aportación mayoritaria del Consell, universidades, personas públicas corporativas creadas por les Corts y partidos políticos en lo que se refiere a las subvenciones dentro de las entidades que deberían ser auditadas.

Además, entre las disposiciones adicionales, la primera se basa en garantizar la paridad de género en la elección de los representantes de la sindicatura, con el mínimo del 40% para cada sexo, así como que las menciones genéricas en masculino "se entenderán referidas también al femenino".