VALÈNCIA. (EP). El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha pedido al Ayuntamiento de València un "mayor control" sobre los apartamentos turísticos de la ciudad, tras un escrito de un afectado que denunciaba la existencia desde marzo de 2014 de dos viviendas alquiladas para estancias cortas para turistas, que generan molestias y problemas de convivencia y seguridad para los vecinos en una zona del barrio de Russafa de València.
El promotor de la queja alegaba que sus denuncias se basaban en la prohibición contemplada en el Plan general de Ordenación urbanna de establecimiento de apartamentos turísticos en suelo residencial al permitirlos ñunciamente en terciario y aseguraba no haber recibido contestación a sus escritos ni solición al problema.
El síndic, José Cholbi, ha recomendado en su escrito al Ayuntamiento de València que adopte las medidas que sean necesarias -incluida la incoación de los expedientes sancionadores- "para garantizar que la actividad de los apartamentos turísticos se ajuste a ley de contaminación acústica y a la de alquiler de pisos vacacionales", según ha informado la entidad en un comunicado.
La actuación del síndic tiene su origen en la queja presentada por un vecino de Russafa que indicaba que desde marzo de 2014 viene denunciando las molestias acústicas, así como los problemas de convivencia y de seguridad que viene padeciendo como consecuencia de dos viviendas destinadas a alquiler turístico, "sin contar, supuestamente, con las autorización indispensables para su funcionamiento".
En relación con esta situación, la única información suministrada por la administración, según el Síndic, "ha sido la relativa a los intentos -todos ellos infructuosos- de girar visitas de inspección con la finalidad de determinar la realidad de las denuncias formuladas por el interesado en torno a la existencia de apartamentos de alquiler vacacional en el edificio en cuestión".
De la información remitida por el Ayuntamiento, el síndic también deduce la "insuficiencia e ineficacia" de las medidas adoptadas por la administración a raíz de las denuncias formuladas por el ciudadano, para paliar un problema que viene padeciendo y denunciando "de manera constante".
De ahí que el defensor insista en adoptar las medidas que resulten pertinentes "para determinar la realidad de dichas denuncias y, muy especialmente, para garantizar que la actividad que -en su caso- se constate que se viene ejerciendo se ajusten a la ley".
Por último, en caso de que exista un incumplimiento de las obligaciones que establecen las normativas sectoriales aplicables, el Síndic estima procedente poner en marchar los expedientes sancionadores previstos en la legislación.
