Disparidad en el alquiler público: exoneración total en la Generalitat; sólo para afectados por la pandemia en Aumsa

VALÈNCIA. Miles de trabajadores y autónomos de toda España han sufrido de lleno el impacto de la crisis económica y laboral provocada por la expansión del coronavirus y la emergencia sanitaria. Y uno de los problemas que se plantean muchos de ellos es cómo afrontar el pago de las cuotas del alquiler de su vivienda habitual. La administración central ha puesto en marcha medidas coyunturales para evitar los impagos, como por ejemplo microcréditos avalados por el Estado o ayudas de hasta 900 euros al mes sin superar el 100% de la renta.

En el ámbito de la vivienda pública alquilada, tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de València han implementado sus propias medidas para aliviar el trago a sus arrendatarios, pero cada institución lo ha hecho bajo distintos criterios, con decisiones políticas diferentes. Esto ha provocado que algunos inquilinos hayan estado manifestando sus quejas desde hace varias semanas al haber visto un agravio comparativo en las distintas iniciativas emprendidas por la administración autonómica y la del cap i casal.

La idea inicial de la Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau era bonificar el 100% del alquiler a aquellas personas que hubieran perdido su trabajo o hubieran experimentado un descenso acusado de los ingresos por la crisis del coronavirus. Una medida que pretendía llegar a 14.000 familias compuestas por unas 50.000 personas. No obstante, este planteamiento cambió y viró hacia otro más amplio, de manera que esta exención finalmente se está aplicando a todas las viviendas públicas de la administración autonómica, tal y como explica la resolución aprobada.

Según esta, se concede la bonificación del 100% del alquiler "a los arrendatarios de viviendas del parque público de la Generalitat", y afecta tanto a viviendas adscritas a la Conselleria como a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), dependiente del departamento de Vivienda. Una exención única en todo el territorio español que está en vigor desde el mes de abril y que se extenderá, al menos, hasta junio, si bien este martes, el conseller dijo que la medida se mantendrá "durante el tiempo que sea necesario".

Una medida que también emprendió en los mismos términos la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de València que encabeza Isa Lozano, con el propósito de evitar que "las familias más vulnerables se tengan que preocupar por el pago del alquiler cuando cubrir las necesidades básicas ahora es la máxima prioridad". Algo distinto a lo que finalmente se ha hecho desde la otra pata inmobiliaria del consistorio valenciano, la empresa municipal Aumsa.

En su caso, la iniciativa aprobada ha sido la exención del pago del alquiler a las personas particulares despedidas o afectadas por un ERTE, tal y como anunció la vicealcaldesa y presidenta de la entidad, Sandra Gómez, quien insistía en la necesidad de focalizar los esfuerzos en los trabajadores que hayan quedado desempleados o autónomos afectados por la crisis económica, pues son la "economía local" a rescatar. Se aplica, en este caso, hasta el final del estado de alarma para aquellas personas que justifiquen que se han quedado en paro o afectadas por un ERTE. También para aquellos bajos comerciales o establecimientos que arriendan locales a Aumsa y que hayan tenido que cerrar.

Esta diferencia de criterio -exención a todos los inquilinos frente a una bonificación sólo para los despedidos o en ERTE- ha soliviantado a algunas familias arrendatarias de la empresa municipal. "Supone un agravio comparativo con las familias que residen en el mismo tipo de inmuebles de la Generalitat", explica uno de los inquilinos. 

El parque público de Aumsa está formado en su mayoría por viviendas de protección oficial (VPO) de régimen general, y el de la concejalía de Vivienda, por vivienda social -con alquileres adaptados a familias con pocos recursos-, mientras que la Generalitat ostenta tanto vivienda social -con alquileres adaptados a familias con pocos recursos, como 100 o 200 euros, por ejemplo- como un porcentaje reducido de régimen general. De ahí que se apunte a este "agravio comparativo".

Por otro lado, insisten, también en las VPO de Aumsa hay colectivos vulnerables que "aunque no se hayan visto afectados directamente por esta pandemia, llevan viviendo en crisis desde hace mucho". Colectivos que "no se verán afectados por la medida implantada aunque su situación también resulta vulnerable, mientras que sí se verán beneficiados aquellos que residen en viviendas de la Generalitat".

Fuentes de Aumsa consultadas por este diario subrayan que la intención del consistorio en este sentido es atender a aquellas personas que han recibido el impacto de esta crisis económica y centrar los esfuerzos en este colectivo. En la administración autonómica subrayan que la mayoría de su parque público en alquiler pertenece a vivienda social (el 90%), de ahí que se haya aplicado una medida de mayor cobertura: "Teníamos músculo para hacerlo y al final hay mucha gente alquilada en nuestras viviendas que lo que ahorra de alquiler, lo necesita para comer".