VALÈNCIA (EP). El Tribunal de Cuentas (TC) advierte que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) debe "replantearse" su política financiera por la construcción de la nueva terminal de contenedores que tiene previsto ubicar en la ampliación norte del puerto de València, un proyecto "de gran envergadura" que recoge su plan de inversiones 2017-2022.
Así consta en el informe de fiscalización aprobado por el pleno del órgano fiscalizador del pasado 31 de octubre, dentro del análisis de las previsiones de los planes de empresa de Valenciaport a medio plazo para los próximos cinco años.
Tras estudiar su plan de empresa de 2019, el TC destaca que el puerto de Valencia ejecutará directamente la mayor parte de las obras de la nueva terminal de contenedores, una vez retomado en 2018 un proyecto aprobado en 2006 "cuya culminación se ha dilatado en el tiempo por los efectos de la pasada crisis económica".
Con una inversión "estimada en 466 millones", el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores se prevé ejecutar a partir de 2019, si bien el Tribunal de Cuentas señala que la mayor parte de la inversión se materializará con posterioridad al ámbito temporal del plan de empresa de este año.
A esta actuación se suma la previsión de que a partir de 2023 se ejecuten las obras correspondientes al acceso norte del puerto de València. Se trata de "la principal actuación en materia de accesibilidad viaria proyectada por la APV, con una inversión de 400 millones y en cuya financiación se espera participe el Ministerio de Fomento con una contribución del 50%".
Paralelamente, el TC resalta que 2019 será "el primer ejercicio en el que la variación del capital circulante presentará un saldo negativo", según las estimaciones de Valenciaport. Avisa que "repercutirá negativamente en la evolución de su fondo de maniobra" la reinversión en infraestructuras de sus excedentes anuales y la reducción de financiación básica prevista para 2017-2022, como consecuencia de la contracción de la deuda financiera a largo plazo.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sostiene que sus necesidades de financiación ajena a largo plazo pueden retrasarse a ejercicios posteriores, debido tanto a la reducción de los niveles de inversión como al desfase entre tiempos previstos y reales de ejecución.
A modo de balance, el TC reconoce las medidas para racionalizar inversiones en infraestructuras. Valenciaport invirtió 182,8 millones entre 2011 y 2017 en activos materiales y amortizó 199,4 millones de la deuda contraída entre marzo de 1998 y diciembre de 2008 con el Banco Europeo de Inversiones y con el ICO para financiar sus inversiones en infraestructuras. El coeficiente de endeudamiento pasó del 95% en 2010 al 60% siete años después.
También destaca el cumplimiento del puerto de Valencia de sus recomendaciones de implantar un proceso de liquidación de penalizaciones por incumplimiento de tráficos mínimos, un sistema integrado de control y seguimiento de la actividad contractual y vincular sus compromisos de inversión en infraestructuras a sus previsiones de actividad.
Por otro lado, el TC instó a la APV a suscribir pólizas específicas de seguros de construcción y responsabilidad civil con los contratistas de obras complementaria. Sin embargo, esta recomendación deja de resultar aplicable por los cambios en la legislación de contratos y las instrucciones internas elaboradas por Fomento.
Respecto a la sugerencia de agilizar la tramitación de los expedientes de valoración de los puertos administrados por Valenciaport, el Tribunal de Cuentas considera que está cumplida parcialmente. Al cierre del informe estaban aprobados los de los puertos de Sagunt y València, quedando pendiente el de Gandia.
El TC también ve cumplida parcialmente la petición de que la APV formalizara la cesión de bienes al Ayuntamiento de València --prevista en un convenio de cooperación de 1997 entre Fomento, la Generalitat, el consistorio y Valenciaport-- y la concesión al Consorcio Valencia 2007 de la explotación de la Marina Deportiva --para que sus ingresos le permitan devolver el crédito con aval del Estado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) le concedió para financiar las inversiones necesarias para la celebración de la 23 Copa América de Vela--.
La conclusión se debe a que, pese a que Valenciaport ha formalizado tanto la cesión de bienes como el convenio interadministrativo con el Consorcio Valencia 2007, los ingresos generados por la explotación de Marina Deportiva --actualmente Marina de València-- no han permitido al consorcio devolver al ICO el crédito que le concedió para financiar la celebración del campeonato de vela.