VALÈNCIA. El Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación por el programa televisivo Dissabte al Mercat emitido por Levante TV y contratado por la empresa mixta Mercavalència, participada al 51% por el Ayuntamiento de València y presidida por el edil de Comercio, Carlos Galiana. El organismo ha trasladado a la firma el inicio de la fase de instrucción y el nombramiento de un instructor para el procedimiento, tal como han confirmado fuentes de la empresa a este diario.
Las mismas fuentes explican que la investigación se centra por el momento en un pago "de importe muy pequeño" y muestran su confianza en que el procedimiento no vaya "a ningún lado" dado que "todo está auditado" y que en el Consejo de Administración de la empresa ya "hay dos abogados del Estado". Sin embargo, lo cierto es que la investigación está en marcha y parte de la Agencia Valenciana Antifraude, que dio traslado de la cuestión al organismo de control estatal.
Así lo confirmaba la pasada semana el director de la Agencia, Joan Llinares, en una entrevista concedida a Valencia Plaza. Preguntado por las diversas cuestiones sobre las que la Agencia ha encontrado irregularidades, como este caso, aseguró que cuando "hay perjuicio económico, la Agencia lo traslada al Tribunal de Cuentas". Y de hecho, proseguía, "hay algunos expedientes [...] sobre los que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias". Más tarde confirmaría que una de esas cuestiones es la contratación de este programa televisivo.
Así pues, huelga recordar que Antifraude ya emitió en su momento una resolución en la que, tras dar audiencia a Mercavalència, concluía en la existencia de varias irregularidades en el proceso de contratación de Dissabte al Mercat. El formato estaba protagonizado en buena parte por Galiana, edil del consistorio de València, y costó a la empresa mixta cerca de 26.000 euros.
Se cometieron "graves irregularidades" especialmente en el momento del pago de este programa. Cuando la Agencia inició la investigación, en abril de 2018, Mercavalència ya había pagado la totalidad de los 16 episodios que constituían Dissabte al Mercat. Pero hubo, al menos, tres que no se emitieron. Y hasta dos meses después de notificar a la empresa el inicio de las pesquisas, no se emitió una factura de rectificación "por [tres] programas que finalmente no fueron emitidos". Lo hizo, además, ocho meses después de que se realizara el último pago a la productora, Prime TV Valenciana SL.
Unos hechos en los que el personal de Mercavalència incurrió en "grave negligencia en el ejercicio de sus responsabilidades" dado que conformaron y "pagaron facturas por servicios realmente no prestados". "No se han encontrado evidencias de la realización de 6 programas del total de 16 pactados", reza el informe. En total, se estima el perjuicio económico a las arcas de la empresa mixta en 9.700 euros.
Pero además, la Agencia concluyó que se había cometido una infracción grave de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno al saltarse el principio de veracidad en la información que ofrecía sobre este contrato. Los detalles que publicó en su página web la empresa presidida por Galiana eran incorrectos: según estos, existían cinco contratos menores de Dissabte al Mercat por valor de 5.176 euros cada uno. Pero lo cierto es que que éstos no existían como tales, sino que sólo se suscribió un único contrato de 25.884 euros, cuyos pagos estaban fraccionados tal y como habían pactado ambas partes.
En definitiva, sólo existía un contrato de casi 26.000 euros, lo cual superaba el umbral mínimo de un contrato menor, que se situaba en los 18.000 euros, por lo que se debería haber respetado los principios de publicidad y libre concurrencia que fija la normativa de contratación y haber abierto la adjudicación a más productoras. "Cualquier empresa capacitada para la producción audiovisual -decía la Agencia- podría haber sido contratada para la producción de los 16 capítulos".
Mercavalència alegaba que el contrato era un mero patrocinio, y de ahí la falta de concurrencia, pero Antifraude niega la mayor argumentando que en el acuerdo se detallan numerosos aspectos técnicos: capítulos a grabar, duración, horarios y tiempos de emisión, número de cámaras, instrumentos para grabación de sonido, etcétera. Aspectos que exceden "con mucho" un contrato de patrocinio, que se hubiera limitado a "la indicación de la colaboración de la entidad en los créditos iniciales o finales a meros efectos publicitarios".
En todo caso, los técnicos de la Agencia señalan que resultaba del todo irrelevante que fuera de uno u otro tipo el contrato suscrito porque en ambos casos están sujetos a la misma normativa de contratación administrativa. Así pues, Antifraude envió todo esto al Tribunal de Cuentas, que ahora ha abierto su propia investigación.
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