VALÈNCIA. El Tribunal Supremo ha fijado la vista para analizar los recursos de las partes del caso Nóos para este miércoles 21 de marzo. Los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo forman el tribunal que dictará sentencia que podría llevar por primera vez en la historia a un exmiembro de la Casa Real a prisión. Pero más allá de la estrella mediática del caso, es decir, el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, también permanecen a la expectativa de la decisión de los jueces los miembros de la rama valenciana que en su día fueron absueltos. A la expectiva todos menos el que fuera manos derecha de Rita Barberá, el exvicealcalde de València Alfonso Grau, pues la Fiscalía del Supremo no ha recurrido su absolución.
Todos los acusados valencianos, Alfonso Grau, el exsecretario de Turismo de la Comunitat Valenciana Luis Lobón, el exdirector de la Ciudad de la Artes y las Ciencias (Cacsa) José Manuel Aguilar, el también exdirector de Cacsa Jorge Vela y la responsable jurídica de la entidad Elisa Maldonado, salieron absueltos de todos los delitos de los que fueron acusados "con todos los pronunciamientos favorables por parte del tribunal".
La Fiscalía del Supremo, que no el PSPV, recurrió en parte la sentencia de la Audiencia de Palma. Así, el Ministerio Público solicita que se condene a Lobón a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y al exdirector de Cacsa José Luis Aguilar, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación sin continuidad. Además, solicita que sean condenados a cinco años y medio de cárcel Jorge Vela y Elisa Maldonado, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) y ex responsable jurídica de dicha entidad, por falsificar tres informes.
La rama valenciana del caso Noos investigó los 3,5 millones de euros que el Instituto Noos recibió de diversas administraciones públicas valencianas para organizar los Valencia Summit y los Juegos del Mediterráneo.
En un primer momento, Grau fue acusado de los delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias por los contratos con el instituto a través de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB). Grau fue a juicio como presidente de TVCB con una petición de pena de 11 años. Lobón, estaba acusado de los mismos delitos y se enfrentaba a una pena de entre 8 y 11 años por los contratos con el instituto de Urdangarin en los Valencia Summit y por promover a Valencia como sede de los Juegos Europeos, al igual que Aguilar al que le pedían entre 6 y 11 años. Para Jorge Vela, acusado de lo mismo que los dos anteriores, pedían entre 8 y 11 años de cárcel. Y para Maldonado, lo mismo, de 8 a 11 años.
Todos ellos pidieron la absolución en el juicio, al entender que no había ilegalidad en los acuerdos alcanzados con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, al acogerse a la fórmula del patrocinio y defendieron que en todos los casos fueron avalados por informes técnicos y jurídicos. El tribunal explicaba en su sentencia que: “no se ha podido probar que la fórmula del convenio de colaboración -entre Nóos y entidades públicas- fuera elegida para orillar deliberadamente la ley de contratos de la Administración pública, al objeto de obviar la realización de un concurso público y poder beneficiar directamente al Instituto Nóos", y añadía que los acusados tan solo “perseguían la promoción de Valencia”.
Pero añadían las magistradas en su fallo que: "las normas administrativas deben ser interpretadas conforme a la realidad social concurrente en el momento de su aplicación, y no doce años después", lo que dejaba entrever que de haberse denunciado más tarde quizás la sentencia podría haber sido diferente.
La pregunta es qué hará el Supremo. Caben dos opciones, que avale la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma o que, por el contrario, la tumbe y los directivos valencianos terminen en prisión.