El tripartito descarta enmendar la ley de À Punt en Acompañamiento por primera vez

VALÈNCIA. Los grupos que integran el Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem romperán este año lo que podría considerarse ya una tradición desde 2016: por primera vez el tripartito no tiene previsto presentar ninguna enmienda a la Ley de Acompañamiento para modificar la norma que dio vida a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), ente donde se integra À Punt. 

Por primera vez desde que se aprobó la ley del Servicio Público de Radiodifusión, ahora hace ya seis años, socialistas, valencianistas y morados no presentarán ninguna modificación legal al texto. Incluso, a pesar de haberlo barajado a la vuelta de las vacaciones de verano para resolver de una vez por todas el problema de la doble estructura que tiene ahora mismo la radiotelevisión pública. 

Los partidos del Consell sostenían en septiembre que había que unir Corporació y Societat sí o sí, pero ni han alcanzado un acuerdo sobre cuál sería la fórmula adecuada para hacerlo, ni tampoco han querido finalmente abordar una reforma de este calado a través de la Ley de Acompañamiento, un atajo al que han recurrido en demasiadas ocasiones para cambiar esta ley por los diferentes problemas que se han presentado desde su entrada en vigor y puesta en marcha del servicio público. 

Respecto a la primera cuestión, PSPV y Compromís abogaban hace un par de meses por que À Punt quedase constituida únicamente como una Societat, Unides Podem prefería que fuera una Corporació. Y en función de si quedaba de una forma u otra, la figura de los trabajadores cambiaría. En la Societat los empleados de la televisión valenciana serían laborales, mientras que en la Corporació serían funcionarios. Los morados, así, preferían esta figura para "ofrecer mayores garantías laborales a los trabajadores" del ente. Una fórmula que para los socialistas sería "peor" porque "complicaría" la movilidad de los empleados.

Esta modificación legal ha sido reclamada en varias ocasiones por el expresidente, Enrique Soriano, por su exdirectora general, Empar Marco, pero también por la dirección actual que ocupa Alfred Costa, dado que ha derivado en numerosos problemas, principalmente contables. No obstante, dada la complejidad jurídica que tendría, era menester hacerlo a través de una reforma particular de la propia ley y no a través de simples cambios de articulado mediante la Ley de Medidas Fiscales. 

Una de las cuestiones que debería resolverse, de hecho, sería cómo traspasar el personal de una entidad a otra. El PSPV estuvo en 2019 estudiando la fórmula, pero al tratarse de empleados eventuales, se podría haber rescindido su contrato y haber sido contratados acto seguido por la Corporació, pero el Botànic también se exponía así a que algún trabajador denunciara a la empresa por despido improcedente. El método empleado, además, hubiera sorteado el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que sí informa cuando la propuesta va incluida en un proyecto de ley aprobado por el Consell. 

Con todo, los partidos del Botànic han decidido dejar de lado esta modificación en Acompañamiento, pues de hecho recuerdan que existe una subcomisión específica de À Punt que se puso en marcha esta legislatura para tratar de resolver esta cuestión principalmente y reformar de forma íntegra una ley que no ha dejado de mutar. Sin embargo, las posiciones enfrentadas con los partidos de la oposición complican especialmente acordar un cambio de este calado. Y con los votos únicamente de PSPV, Compromís y Unides Podem no podría modificarse. 

Cambios desde 2016

Desde que se aprobó la ley hace ya seis años, el tripartito ha tenido que recurrir cada año a la Ley de Medidas Fiscales para resolver los problemas que han ido surgiendo tras su puesta en marcha: quién toma las riendas de la radiotelevisión pública en caso de que el Consejo Rector no eligiera a ningún candidato tras convocar el concurso público o si no hubiera acuerdo entre los partidos de Les Corts para ratificar la persona designada por los consejeros ya tuvo que resolverse tras la salida de Empar Marco. 

PSPV, Compromís y Unides Podem también decidieron reducir las incompatibilidades de la dirección general y los miembros del Consejo Rector que, explicaban, dificultaban mucho encontrar candidatos que aceptasen aspirar a alguno de los puestos. Junto a este, además, los partidos del Consell cambiaron las mayorías para elegir al presidente del ente. Con ello, el Botànic puede decidir un candidato sin necesidad de que la oposición lo respalde. 

Pero si ha habido un aspecto que se ha sometido a modificación, es el que afecta al tercio del personal. La ley fija que el gasto de personal de À Punt no puede ser superior a un tercio del total del presupuesto del ente. Durante el mandato de Marco se superó y el Botànic tuvo que aprobar una moratoria a la aplicación de este artículo que, más tarde, en 2019 tuvo que volver a aprobar en la Ley de Acompañamiento y que vinculó a la vigencia del segundo contrato programa (de 2021 a 2023 y que todavía está por aprobar) para no tener que estar modificando este aspecto año tras año.