El Trofeu

Creo que la Comunidad Valenciana tiene motivos más que sobrados para tener una televisión pública. Por factores endógenos, como la extensión territorial, el número de habitantes, la capacidad económica y sobre todo nuestra lengua valenciana, que ya en el siglo XV tuvo su Siglo de Oro con grandes autores  como Ausiàs March, Joanot Martorell o Sor Isabel de Villena. Y por factores exógenos y/o comparativos, ya que ninguna comunidad autónoma ha prescindido de tal servicio pese a que cuando se cerró Canal 9 algunos presidentes autonómicos dejaron entrever que quizá seguirían el ejemplo, Quizás quizás quizás…como la canción (la ha tarareado seguro). 

Dicho esto, les confieso que el deseo de este Tintero, compartido –por unos motivos u otros– con muchos valencianos es tener una radio y TV públicas y de calidad. Ahora bien, ese fin loable, no debe ocultarnos la cruel realidad, el asunto RTVV no depende única y exclusivamente de la voluntad política del actual Consell, sino que conlleva unas consecuencias jurídicas y económicas de gran calado para la administración pública valenciana, y en consecuencia para todos nosotros. 

De forma resumida las fases ya conocidas son tres: una radiotelevisión sobredimensionada en gasto y personal que se intenta adelgazar a través de un ERE [agosto 2012]; los trabajadores afectados recurren ante la Justicia y el ERE se declara nulo [octubre 2013]; ante la imposibilidad de asumir el coste económico que conllevaba dicha resolución judicial, el gobierno valenciano de Alberto Fabra decide cerrar el ente RTVV [noviembre 2013].

Si bien es cierto que los partidos del actual Consell, especialmente la Coalición Compromís, siempre defendieron primero el no al cierre y luego su reapertura, sobre todo en campaña electoral, pues la decisión del cierre afectaba muy negativamente a la imagen del gobierno del Partido Popular. Cuando tras el Acuerdo del Botánico comenzó el nuevo Consell a tomar las riendas de la administración autonómica, comprobaron que lo de RTVV era un auténtico enjambre, y moverlo podía suponer peligro de picaduras. 

Tras analizar los escollos jurídicos –con juristas y diputados implicados como el síndic de Podemos, Antonio Montiel–; se ha intentado dar solución a problemas como los criterios que marca la Ley de Sociedad en el proceso de liquidación de una empresa y que no deja traspasar los activos a otra, solventado a través de la ley que recupera el servicio. También supone un quebradero de cabeza el recurso de los sindicatos (CGT y UGT) reclamando la nulidad del ERE, aunque desde la Generalitat no se plantean que esa reivindicación triunfe. 

Y llegados a este punto, parece que el detonante que ha hecho que se encendieran las luces y se activara el proceso de reapertura, nombrando a un Consejo Rector formado por diez personas –si quieren conocerlas lean esta información de Javier Alfonso– ha sido el 26J, sí, los pobres resultados de los partidos de gobierno que pese a llevar un año en el poder han visto como el PP volvía a crecer en votos mientras ellos bajaban o se estancaban. Evidentemente que una radio y TV pública como todos deseamos no debe estar al servicio del poder, pero no seamos tan ingenuos como para ignorar la razonable permeabilidad entre un ente de estas características y el gobierno.

Veremos como acaba este culebrón, y si debían haber esperado a que se cumpliera el plazo que extinguía la posibilidad de incurrir en una sucesión empresarial en el año 2017. Por ahora la antigua RTVV [Radio Televisión Valenciana] pasa a denominarse CVMC [Corporación Valenciana de Medios de Comunicación]. Cuestión de siglas, porque el objeto social es idéntico, como no puede ser de otra manera: disponer de medios de comunicación públicos dependientes (legalmente) del gobierno autonómico valenciano.

Prioridad, urgencia, premura o simple necesidad son algunas de las calificaciones que estos días se pueden leer en los medios en torno a esta decisión. El tiempo (y los tribunales) darán y quitarán razones. La voluntad en política es fundamental, pero la dotación presupuestaria y la seguridad jurídica son imprescindibles. El Trofeu no sólo debe ser taronja, sino en provecho y beneficio de todos los valencianos.