VALÈNCIA. El embrollo judicial que rodea la polémica cantera de Corbera añade un nuevo capítulo a este serial repleto de expedientes, recursos y demandas cruzadas. En 2018, el consistorio de la localidad no prorrogó la licencia de obra de restauración de esta antigua cantera con la empresa Áridos Romafe S.L. Fue entonces, cuando la empresa presentó un recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Valencia mostrando su disconformidad con la decisión de la administración local. Sin embargo, en febrero de 2019, este juzgado desestimó el recurso y dio la razón al ayuntamiento.
La situación, no obstante, ha vivido un nuevo revés después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya tumbado la anterior sentencia tras una alegación de la empresa. De manera que ha anulado la denegación de la licencia por parte del ayuntamiento, entonces liderado por Jordi Vicedo, de Compromís, que actualmente es concejal de Urbanismo.
En la primera respuesta de los tribunales, que daba la razón al consistorio, se argumentaba que la administración local le había requerido una determinada documentación a la empresa para poder tramitar la licencia, pero que esta no la había cumplimentado. Por este motivo, resolvía que la denegación de la licencia estaba ajustada a derecho, "sin que sean necesarios los informes técnicos y jurídicos", ya que valoraba que no se podían recabar debido a la insuficiente documentación presentada por la empresa.
Ahora, el TSJCV esgrime dos motivos por los cuales discrepa con la anterior sentencia. El primero de ellos es que considera que Vicedo no indicó a la empresa que el hecho de no acompañar la solicitud de la documentación correspondiente en un plazo determinado podría acarrear su denegación. Y, el segundo de los motivos es que, el que fuese alcalde y actual concejal de Urbanismo, no podía denegar la solicitud de licencia ambiental, sin recabar los informes necesarios "Sobre que van a informar los técnicos municipales si no hay información que hayan aportado?", se pregunta el edil de Compromís consultado por este diario.
Pese a ello, la respuesta del TSJCV matiza que estima "parcialmente" el recurso interpuesto por Áridos Romafe S.L. Con esto, el tribunal quiere decir que en el escrito presentado por la empresa contra la anterior sentencia "se limitó a instar la anulación de la resolución recurrida, sin pedir el reconocimiento de situación jurídica individualizada". Es decir, que no hacen referencia a la paralización de los trabajos en la cantera, sino únicamente a la impugnación de la sentencia, que es sobre lo que se manifiesta el TSJ. "El juez no ha dicho que la cantera deba tener licencia de obra, sino que no se ha hecho el trámite de la licencia de manera correcta", insiste el edil de Urbanismo, quien anuncia que recurrirán la sentencia.
La relación entre la empresa que actúa en la cantera y el consistorio viene de lejos. Según explica Vicedo, la cantera obtuvo en 1988 licencia para actividad minera, "pero los vecinos y particulares recurrieron y el tribunal resolvió que ahí no podría haber una cantera y se cerró", cuenta. "En 2004, pidieron una solicitud para reabrir la cantera, pero no cumplía ciertos requisitos como la existencia de un Plan General, un plan especial para la actividad minera o estar a más de 2.000 metros del casco urbano. Por tanto, pidieron una licencia de restauración", expone el edil.
Fue entonces cuando la administración local, en manos del PP, accedió y le dio a la empresa una licencia con una duración de ocho años a cambio de un canon por el valor de lo que extraían de la cantera. Cuando finalizó este plazo, en 2012, el nuevo equipo de gobierno liderado en aquel momento por Vicedo hacía un año que estaba al frente del consistorio y comenzaron las tensiones.
"Al comprobar los trabajos, vimos que no había restaurado lo acordado y que no había cumplido con los plazos", señala el edil de Compromís. Finalmente, en 2014 llegaron a un acuerdo: le concederían la licencia de obra, pero por una duración de 18 meses y únicamente de una zona acotada para que el ayuntamiento pudiera controlar que estaba cumpliendo con lo acordado.
Pasados esos meses, el consistorio comprobó que se habían hecho los trabajos correspondientes por parte de la empresa, y decidió revalidar la licencia dos años más. Tras esta segunda prórroga, la administración municipal detectó que la empresa no había cumplido con lo acordado. "Le dijimos que para tener una garantía de que sí cumpliría con esta tercera prórroga de la licencia queríamos un aval, porque así entenderíamos que se estaba mojando económicamente y que si no cumplía con los plazos, el consistorio podría ejecutar el aval y restaurar el terreno acordado con ese dinero", relata Vicedo. "Entonces se negó y nos puso dos querellas criminales, una a mí y otra a la secretaria del ayuntamiento", añade. Desde entonces, ambas partes han estado enfrentadas judicialmente por la denegación de esta licencia.
Este nuevo capítulo judicial en la maraña que envuelve la cantera de Corbera ha llevado a los populares en el ayuntamiento a pedir la dimisión de quien fuese alcalde del municipio y que ahora se ocupa del área de Urbanismo. "Este es uno de los varios procedimientos judiciales abiertos que se siguen contra el exalcalde y sus actuaciones en relación con la cantera. Hay que recordar que mientras la empresa pagaba lo que exigía Vicedo, no hubo ningún problema para conceder la licencia. El problema llegó cuando Vicedo pidió más dinero y la empresa se negó", afirma el portavoz municipal popular, Vicente Pastor.
El portavoz popular también ha señalado que "además de este procedimiento judicial, hay uno en el que el concejal de urbanismo se encuentra imputado por exacciones ilegales, que avanza en su instrucción y que acabará por llevarlo a sentarse en el banquillo al encontrarse investigado". Desde el partido de la oposición consideran que la gestión de Vicedo al frente de la alcaldía ha provocado "graves perjuicios al Ayuntamiento de Corbera" y lamentan que lo estén "pagando con sentencias en contra y con miles de euros de dinero público".
