VALÈNCIA. No hay excusa que valga, parece haber dicho el TSJ valenciano: hay que anular la recalificación de suelo aprobada por el Ayuntamiento de València en el barrio de Penyaroja para dar solución al embrollo urbanístico de Tabacalera. El alto tribunal se ha reafirmado en su postura manifestada en el primer fallo y ha dictado sentencia a favor de la asociación vecinal de Penyaroja.
La controversia trae origen en una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que anuló el plan de Tabacalera. Con él, el anterior gobierno municipal, dirigido por Rita Barberà, desprotegió parcialmente las naves de la Antigua Fábrica de Tabacos para intercambiar el suelo con una promotora -Igsa- y que esta construyera dos torres de viviendas. Pero el fallo anulatorio llegó cuando la compañía ya había erigido una de las dos fincas.
En este contexto, tras lo dictaminado por el Supremo y ante la necesidad de compensar a la compañía por la edificabilidad que no había materializado, el nuevo equipo de gobierno, con el edil del PSPV Vicent Sarrià al frente de la concejalía de Urbanismo, decidió trasladar la edificabilidad no construida a dos pastillas del barrio de Penyaroja, que recalificó de suelo educativo y zonas verdes a residencial. Ya con Sandra Gómez al frente, la concejalía acabó aprobando la operación pese a la oposición vecinal del barrio, que acabó llevando la cuestión a los tribunales, como adelantó este diario.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia valenciano da la razón a la asociación de vecinos de Penyaroja en lo fundamental para ellos: el Ayuntamiento no puede trasladar allí la edificabilidad no materializada por Igsa porque dicha edificabilidad dejó de existir cuando se anuló el plan de Tabacalera en 2017. El alto tribunal lo dice expresamente en el fallo del pasado 30 de diciembre, al que ha tenido acceso Valencia Plaza.
"La edificabilidad que se calificó en la Modificación anulada [...] ha quedado sin efecto, por lo que no cabe sumar edificabilidad en las dos parcelas" de Penyaroja, señala en su literalidad el auto judicial. Trasladar esta edificabilidad, dice, "sí es contrario" a la sentencia del Supremo, que "anula y deja sin efecto" el plan de Tabacalera.
En el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana defendían que la solución aprobada por la concejalía de Urbanismo, y ratificada por la administración autonómica, había incurrido en un simple "error terminológico" al aprobar una transferencia de edificabilidad cuando no se quería hacer estrictamente esto.
Sin embargo, el TSJ es tajante: Urbanismo aprobó expresa y literalmente que se estaba "trasladando la edificabilidad a otro punto de la ciudad". Por lo que acaba dando la razón a los vecinos y anula esta operación. Mantiene vigente, sin embargo, otros cambios de planeamiento que afectaban fundamentalmente al edificio de la antigua Tabacalera.
Proyección del edificio residencial en el barrio de Penyaroja tras la recalificación
Los vecinos exigen una "reparación" al barrio
Tras conocer la sentencia, la asociación veincal, cuya acción judicial ha sido diriida por el letrado Alberto Llobell, recordó que queda pendiente de resolver el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra todo el Plan y lamentó este lunes la "actitud soberbia y despótica de la titular de Urbanismo -Sandra Gómez- que podría haber evitado este fallo judicial mediante un acuerdo con los vecinos, a los que se negó si quiera a escuchar".
La presidenta de la Asociación, Paz Calleja, el portavoz, José Tárrega, y el resto de la Junta de Gobierno de la Asociación agradeció a los asociados y simpatizantes su "esfuerzo y perseverancia para mantener esta posición contra una decisión municipal contraria a sus derechos como ciudadanos". De la misma manera, exigieron "una reparación pública para el Barrio de Penyaroja", tanto desde "el punto de vista moral con una disculpa" de Gómez, como a nivel de inversiones: el cambio a socio-sanitario de una de las parcelas afectadas y la ejecución urgente del Centro de Salud que Penyaroja necesita, la ejecución del jardín de 3 de abril y la construcción de un Centro Socio Cultural.
6,7 millones para compensar a Igsa
El Ayuntamiento de València ya preveía este resultado. Tanto es así que hace más de dos meses, el equipo de gobierno aprobó la tramitación de 6,7 millones de euros para indemnizar a Igsa por esta edificabilidad que no pudo hacer realidad y que, a ojos del Tribunal Superior de Justicia, no se puede trasladar a otro suelo para ejecutar la compensación.
El Ayuntamiento tuvo que echar mano del fondo de contingencia del presupuesto de 2022 para pagar esta 'deuda' con la promotora. Pero además de ello, el consistorio ha de expropiar el suelo en cuestión, propiedad de la compañía. El interrogante se cierne entonces en la cuantía a la que ascenderá el pago por esa expropiación.
Ciertamente, los expedientes municipales valoran el suelo a expropiar en 17,2 millones de euros. Sin embargo, según subrayan las mencionadas fuentes consultadas, "la cantidad se sabrá cuando se realice el proyecto de expropiación". Hasta ese momento, no se podrá cuantificar a cuánto ascenderá la factura total del pelotazo de Tabacalera para las arcas municipales. Aunque teniendo en cuenta los datos que manejan las valoraciones del Ayuntamiento, en total supondrían unos 24 millones de euros.
Con todo, hay que recordar que el Ayuntamientoasumió el pago de esos 24 millones en total frente a los 50 que reclamaba la promotora. Según explicó Gómez en su momento, el consistorio no está dispuesto a asumir la totalidad de la "pretensión disparatada" de Igsa, que a su juicio estaría intentando "duplicar el pelotazo" al exigir el pago por el edificio de Tabacalera sin tener en cuenta en la ecuación el solar de Plaza América que adquirió la promotora.
Proyección del edificio residencial en el barrio de Penyaroja tras la recalificación
