VALÈNCIA. Varios vecinos del barrio de Penyaroja de València han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana una solicitud de medidas de ejecución de la sentencia de Tabacalera al considerar que el Ayuntamiento de València no cumple con las obligaciones dictadas por el fallo del alto tribunal. El consistorio ha aprobado recientemente un cambio de planeamiento para dar solución al embrollo urbanístico derivado de aquella sentencia, pero ahora los vecinos reclaman al TSJ anular la decisión del Ayuntamiento porque, entre otras cosas, se ha hecho "sin una justificación de que contribuya a la finalidad general de la ordenación urbanística".

La sentencia, emitida en 2016 y refrendada al año siguiente por el Tribunal Supremo, venía a anular el convenio urbanístico de permuta suscrito en 2005 entre la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) y el Ayuntamiento de València. Según este acuerdo, la parte pública recibía el edificio central de la Antigua Fábrica de Tabacos y casi 14 millones de euros a cambio de entregar a la promotora un edificio municipal en la Plaza América y permitir el derribo de las naves posteriores y laterales de Tabacalera para la construcción de bloques de viviendas. 

Aquel acuerdo iba aparejado a un necesario cambio de planeamiento y la desprotección de las naves anejas del complejo industrial. Fue la denuncia de la asociación Salvem Tabacalera la que motivó el fallo del TSJ, que acabó por anular la operación urbanística entre la firma de la familia Ballester y el consistorio dirigido por Rita Barberá. 

Para entonces, cuando el gobierno municipal ya estaba liderado por Joan Ribó, las naves ya estaban derribadas y uno de los edificios posteriores a Tabacalera, construido, mientras que el Ayuntamiento ya usaba el complejo industrial como oficinas. Para más inri, la promotora reclamaba al Ayuntamiento una indemnización millonaria en concepto de responsabilidad patrimonial porque no había podido consumar sus derechos edificatorios en parte del suelo, que de hecho continúa siendo solar a día de hoy. El lío urbanístico no era menor.

Así pues, el ejecutivo local aprobó, para ejecutar la sentencia del TSJ, reconstruir las naves laterales de Tabacalera que habían sido derribadas, y eliminar la edificabilidad privada de la otra parcela posterior sobre la que no se había llegado a construir. Lo que hacía el gobierno municipal, a instancias de la concejalía de Urbanismo que dirigía Vicent Sarriá, era dar luz verde al traslado de dicha edificabilidad "a otro punto de la ciudad con valor urbanístico similar", y el sitio elegido fueron dos pastillas de suelo ubicadas en el barrio de Penyaroja. Decisión que no ha gustado nada a los vecinos, que ahora batallan en los juzgados.