VALENCIA. La limitación del margen de maniobra por parte del Consell a la educación privada y concertada es carne de conflictos judiciales. Y es que las instituciones perjudicadas están optando por la vía contenciosa ante la imposibilidad de convencer con argumentos a los departamentos de Vicent Marzà y en este caso de Carmen Montón.
En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV) ha ladeado provisionalmente la balanza hacia la Universidad Católica, suspendiendo de forma cautelar la decisión de la Conselleria de Sanidad Universal que ponía coto a la realización de prácticas universitarias a los estudiantes de la rama sanitaria de la Universidad Católica de Valencia en los centros sanitarios de la red pública.
El argumento que el Consell puso en la mesa para tomar esta decisión fue que se estaba incumpliendo la Ley de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas al utilizar horas de su trabajo en el sistema de salud público para tutorizar a alumnos de una universidad privada, que solo puede hacer con entidades públicas, como el resto de universidades.
¿Qué suspende el TSJCV y por qué lo hace? Concretamente deja inactivo el veto del departamento de Sanidad y Educación a realizar prácticas con convenios directos con los hospitales. También anula el acuerdo que proponían con la Universitat de València para que se suscribieran convenios pagando un canon con el fin de que los alumnos que ya estaban cursando los estudios no se vieran perjudicados.
Sin embargo, esta suspensión no corresponde a la evaluación de ningún tipo de norma ni entra a valorar la interpretación de la ley o su aplicación. Lo que tiene claro es que esta decisión tomada por el Consell pueden suponer un perjuicio irrevocable para los alumnos de la privada por la premura en el inicio de curso, algo que justifica la suspensión cautelar a pesar de que ni la Abogacía de la Generalitat ni el Ministerio Fiscal opinan de la misma forma.
Esta decisión ha podido ser tomada por el alto tribunal al poner la Universidad Católica hechos concretos sobre la mesa. Y es que el auto alude a una reunión celebrada el 25 de julio entre los representantes de la universidad y de la Conselleria de Sanidad, encabezados por el director de Recursos Humanos y Económico.
Según consta en un mail, la postura de la administración se basa en no aplicar los convenios vigentes, que en el caso de la Católica duran hasta 2018, y que la formación de los alumnos de grado y enfermería que hubieran iniciado sus estudios antes del curso 2016-2017 debía estar condicionada a la firma de un contrato de externalización de las asignaturas de prácticum con la UV, a la aceptación del pago de un precio a la universidad pública que ésta fijara libremente y a la aportación de un listado con la identidad de los alumnos para su acogimiento por la institución.
A esto se sumaba que no se acreditaría a los alumnos de la Católica para la realización de estancias en prácticas en hospitales de no aceptar de forma voluntaria este sistema. “La conducta administrativa sustentada en una vía de hecho destruye palmariamente la vigencia de las características que arropan a todo acto administrativo, sustancialmente las de eficacia y presunción de legalidad”, apunta el auto sobre que decidan no cumplir los convenios.
El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, aseguraba este jueves a Europa Press que la Generalitat "respeta" la decisión del TSJCV aunque aseguró que el gobierno autonómico se "reafirma" en la decisión tomada, ya que trata de "racionalizar las plazas y gestionar el caos que había hasta ahora"
Incidió en que el alto tribunal valenciano todavía "no ha entrado a fondo en el asunto". En este sentido, recalcó que el objetivo del gobierno autonómico es "racionalizar la oferta de prácticas para tener estudiantes bien formados y pacientes bien atendidos". Soler insistió en que teniendo en cuenta la "elevada" nota de corte que exigen los estudios de la rama sanitaria, no se puede "primar" a aquellos estudiantes que tienen medios económicos pero no han alcanzado la nota necesaria para acceder a la oferta pública.
Mientras, fuentes de la Universidad Católica de Valencia consideraron "tranquilizadora" la suspensión. "Ayuda a garantizar la normalidad del inicio de curso, y es tranquilizadora para los alumnos, que tendrán así garantizadas sus prácticas", han destacado.
Desde la UCV han apuntado además que, por su parte, "siempre" han acudido "con la mejor predisposición a todas las conversaciones con las consellerias de Educación y Sanidad", pero recalcaron la necesidad de retomar de nuevo las negociaciones "en las que definitivamente se pueda plantear un nuevo modelo, que se adapte al marco normativo, y que el proceso se consiga sin restricciones al diálogo por ambas partes”.
La sentencia que da la razón a la UCV frente a la Generalitat Valenciana tiene dos votos particulares contrarios al amparo
