Reunión entre el conseller de Economía, Rafa Climent, y representantes de las ITV. Foto: GVAVALÈNCIA. Varapalo judicial contra el Consell. La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el cuadro tarifario de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat que aprobó el Consell en mayo de 2019. La decisión, que supondrá la subida de las actuales tarifas, también abre la puerta a nuevas indemnizaciones millonarias para las concesionarias, que cifran el perjuicio económico de la larga batalla judicial con la Generalitat en unos 80 millones de euros.
Las nuevas tarifas aprobadas por el Gobierno valenciano implicaban un ligero aumento en el precio para los vehículos de gasolina, que se encarecía en algo más de 2 euros, frente a la bajada de casi 4 euros para los diésel. El Consell tuvo que aprobar en 2019 este nuevo cuadro tarifario al no poder prolongar más tiempo la inejecución de una sentencia de 2017 anuló los tramos sobre ruido y emisiones de gases contaminantes aprobados en 2014 por el Consell del PP, presidido entonces por Alberto Fabra. Esta rebaja fue recurrida por la empresa concesionaria Applus Iteuve.
En el auto dictado ahora por el TSJCV que anula las tarifas aprobadas por el Gobierno del Botànic los magistrados sostienen que, en realidad, la finalidad del Consell fue "eludir el cumplimiento "de la sentencia de 2017 y consideran que los precios aprobados son "prácticamente idénticos a los anulados".
Fue en mayo de 2017 cuando la misma sala que ahora anula las tarifas del actual ejecutivo autonómico estimó parcialmente el recurso de esta empresa y anuló la rebaja aprobadas por el Consell en 2014 de las tarifas de emisiones y ruido por falta de un informe económico que justificase el cambio.
El fallo, confirmado por el Tribunal Supremo un año después, obligaba a volver restituir los precios anteriores, es decir, los de 2009, por lo que el Consell de Ximo Puig se vio obligado a modificar los precios. Sin embargo, el cuadro que aprobó en mayo siguió sin cumplir con los exigido por el TSJCV.
En concreto, los cambios aprobados en mayo de 2019 y ahora anulados elevaban la tarifa de emisiones de gases contaminantes para vehículos (turismos y motos) de gasolina de 5,77 a 8,05 euros, mientras que para los de gasóleo el coste de esta prueba se fijaba en 11,42 euros, frente a los 15,15 euros que costaba desde 2014 o los 17,90 de 2009. Según el fallo, "con sensible merma de ingresos" para las concesionarias al ser la proporción de vehículos diésel respecto a los de gasolina de 1 a 8 o incluso de 1 a 10.
En contaminación sonora, la prueba introducida en 2014 siendo conseller Rafael Blasco y que la Generalitat quería eliminar, en 2019 se reproducen e incluso bajan las tarifas de 2014, que ya eran muy inferiores a las de 2009. Así, la primera inspección se fija en 2,42 euros (2,48 en 2014) y la segunda o sucesiva en 1,82 euros (1,86 en 2014). En ambos casos muy inferiores a las tarifas de 2009, a las que ahora deberá volver la Conselleria de Economía: 9,30 en primera inspección y 6,48 en segunda y sucesivas.
El departamento de Industria justificaba su norma basándose en estudios que seguían las indicaciones que la Sindicatura de Comptes reflejó en su auditoría operativa sobre el servicio público de ITV en la Comunitat entre 1997 y 2015. Además, defendió que las tarifas aprobadas estaban un hasta un 13% por encima del coste medio para los diésel en el resto de comunidades.
Sin embargo, para la empresa concesionaria esta actualización de las tarifas de 2019 no solo tenía por objeto "convertir en papel mojado la sentencia", sino que colocará a la mayoría de los concesionarios "en una situación económica grave" puesto que, aseguraba, no cubren el coste del servicio que se presta. Una idea compartida por la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la ITV (Aecova) que consideraba que los precios fijados por la Conselleria de Economía, competente en la materia, "no cumplían" con la sentencia y suponían "tarifas más bajas que antes".
Ahora, el TSJCV da la razón a las concesionarias al entender que "el propósito era el incumplimiento de los criterios de la sentencia de 2017". Según consideran los magistrados, aquella sentencia quedó firme el 28 de mayo de 2018, sin embargo, el contenido anulatorio lo publicó la Generalitat Valenciana en el DOGV el 3 de mayo de 2019, "tras peticiones reiteradas de las empresas afectadas y diligencia de ordenación de esta Sala de 2 de mayo de 2019 requiriendo a la administración para la identificación de los responsables y su posible comunicación al Ministerio Fiscal".
Por tanto, asegura que "la administración fue consciente durante un año de que se estaban aplicando unas tarifas que eran contrarias a derecho, cuando no existía dificultad en su cambio, tan sólo que se publicaran en el DOGV", afirma la sala en su auto.
Además, aprecia que el Consell ha conformado unas tarifas que son "prácticamente idénticas a las anuladas" para "que no quedasen sin efecto las antiguas hasta tener las nuevas "aparentemente justificadas". Por tanto, la Sala anula el acuerdo del Consell de mayo de 2019 que modifica el cuadro tarifario de las ITV que se regirá por los precios que había en 2009.
