FOTOS: EVA MÁÑEZVALENCIA. La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado por primera vez una demanda interpuesta por el grupo popular en las Corts por denegación documental y obliga a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas a entregarle el informe de una auditoría que le reclamó en octubre del pasado año.
Así consta en la sentencia, contra la que cabe interponer recurso, en la que el tribunal estima el recurso de la diputada y portavoz de Justicia del grupo popular en las Corts, María José Ferrer San-Segundo, contra la Conselleria de Justicia, y condena a esta administración pública al pago de las costas procesales.
La diputada requirió dos documentos a la Conselleria de Justicia. El primero, informes de la anterior administración autonómica --del PP-- relativo al estado de todos los asuntos en trámite y de ejecución del presupuesto --la diputada ha concretado que se refería a 3.200 ordenadores que la consellera había dicho que se habían comprado en la época del PP y que no servían para nada, "con lo que eran un despilfarro". Sin embargo, Ferrer San-Segundo ha aclarado que esto es "mentira" porque los mismos servían y están funcionando--.
Y el segundo documento pedido era una copia del informe completo de auditoría interna, con todos sus anexos, que se encargó al asumir Gabriela Bravo las competencias de la Conselleria de Justicia.
La primera petición, la de los informes, fue entregada tras interponerse el recurso contencioso-administrativo, mientras que respecto a la segunda, la auditoría, la conselleria se opuso y alegó que no existía como tal en base a que este informe no fue un anuncio de la Conselleria de Justicia ni una decisión de la misma, "sino una iniciativa del Consell en relación no solo al ámbito de esta conselleria, sino de toda la Generalitat".
El ministerio fiscal consideraba que la respuesta de la conselleria implicaba una obstrucción al ejercicio de las funciones de un cargo público y que se estaba incurriendo en una infracción del artículo 23 de la Constitución Española, por lo que reclamaba que se estimase la demanda del PP.
La conselleria se oponía a esta petición, alegaba "corrección" de la actuación administrativa y señalaba que la reclamación debió ser formulada al amparo del artículo 12 del Reglamento de las Corts, que establece el procedimiento que debe seguirse en este caso y que no ha sido el tramitado por la demandante.
El tribunal ha estudiado el caso y ha llegado a dos conclusiones. La primera, respecto a los informes de la anterior administración, estima que se ha producido la pérdida sobrevenida del objeto puesto que ya se había entregado la documentación requerida.
En cuanto a la auditoría, todavía pendiente, indica que, no negada la existencia de la misma, "carece de trascendencia, a los efectos de facilitar la información requerida, el hecho de que la realización de la repetida auditoría fuera consecuencia de una iniciativa de la conselleria o del Consell".
Así mismo, señala que siendo el fundamento de la información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa, "carente de legitimidad", la conclusión "ha de ser declarativa de la vulneración constitucional postulada". Así, estima el recurso del PP y obliga a la administración a entregar la información requerida.
La diputada María José Ferrer San-Segundo ha subrayado que la sentencia es "clarísima" e indica que la obstrucción de la conselleria es "injustificable": "Esta es la primera --resolución-- y anunciamos que seguramente no será la última porque hay más parlamentarios que han tenido que interponer procedimientos judiciales por obstrucción a la justicia, que es algo que paradójicamente tanto se achacaba al anterior Consell", del PP, ha advertido.
En esta línea, ha afirmado que si en general la ignorancia de la ley no puede alegarse por nadie, "menos aún por quien es consellera de Justicia, de Libertades Públicas, jurista y fiscal de profesión", ha subrayado.
Esta resolución, ha agregado la diputada, "tiene que servir para que no juguemos con la transparencia ni con la legalidad", al tiempo que ha añadido que el PP "va a seguir con esta línea" y ha afirmado que hay más de una decena de recursos interpuestos por protección de derechos fundamentales, infracción del ordenamiento constitucional y por obstruir la labor de diputados. Los mismos se dirigen contra distintos miembros del Gobierno valenciano.
