FOTO: KIKE TABERNERVALÈNCIA, (EP). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emplazado a los condenados por el amaño de contratos entre la Generalitat Valenciana y la Gürtel para el montaje del expositor en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ---entre ellos los considerados cabecillas trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero y la expresidenta de las Corts y exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez-- a que se personen en el Supremo, tribunal que verá los recursos que han presentado.
En una providencia de la sala de lo civil y penal fechada el 3 de mayo, se da cuenta de los recursos de casación presentados por los 11 condenados el pasado mes de febrero a penas de entre 3 y 13 años de prisión por amañar contratos entre la Generalitat y la trama Gürtel para el montaje del stand de la región en Fitur en las ediciones de 2005 a 2009. Los recursos alegan, mayoritariamente, infracción de precepto constitucional, infracción de ley y quebrantamiento de forma.
La sala establece que se expida testimonio de la sentencia y de un auto aclaratorio para entregar la información a los representantes legales de los condenados. Una vez verificada la entrega, se les emplaza para que comparezcan ante la sala segunda del Tribunal Supremo dentro del término improrrogable de quince días.
El Alto Tribunal Valenciano condenó a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios ex altos cargos de la administración autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.
En concreto, Francisco Correa fue condenado a 13 años de prisión en total: 3 de ellos por asociación ilícita (además de 13.500 euros de multa y 9 años de inhabilitación); un año de cárcel por tráfico de influencias y multa de 3,9 millones de euros; otros 6 años de cárcel por malversación de caudales públicos y 10 años de inhabilitación absoluta y 3 años más de cárcel, multa de 500.000 euros y 8 años de inhabilitación especial por cohecho activo.
Para Pablo Crespo, la pena es de 13 años y 3 meses por los delitos de asociación ilícita (2 años y 6 meses de cárcel, multa de 11.250 euros y 7 años y seis meses de inhabilitación); tráfico de influencias (1 año de prisión y multa de 3,9 millones de euros); malversación de caudales públicos (6 años de prisión y 10 años de inhabilitación); falsedad documental (1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros) y cohecho activo (2 años de prisión, multa de 2.400 euros y 7 años de inhabilitación).
A Álvaro Pérez, 'El Bigotes', le cayó una condena de 12 años y 3 meses de cárcel por asociación ilícita (18 meses de prisión y multa de 11.250 euros); tráfico de influencias (1 año de prisión y multa de 3,9 millones); malversación de caudales públicos (6 años de prisión y 10 años de inhabilitación); falsedad documental (1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros) y cohecho activo (2 años de prisión, multa de 2.400 euros y 7 años de inhabilitación especial).
Otro de los 'cabecillas', Cándido Herrero, ha sido condenado a 4 años y cuatro meses de cárcel por asociación ilícita (16 meses de prisión y 5.850 euros de multa); prevaricación administrativa (5 años de inhabilitación especial); malversación de caudales públicos (1 año y 6 meses de prisión, 3 años de inhabilitación absoluta); falsedad documental (1 año y 6 meses de prisión y multa de 3.600 euros). Resultó absuelto de tráfico de influencias.
Por su parte, la exconsellera de Turismo del PP Milagrosa Martínez es condenada a 9 años de prisión, 6 de ellos por malversación de caudales públicos --delito por el que también se le imponen 10 años de inhabilitación absoluta-- y otros tres años de cárcel por cohecho pasivo (además de 5.000 euros de multa y 8 años de inhabilitación especial). Asimismo, por prevaricación administrativa es condenada a 9 años de inhabilitación especial.
Para su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, se han decidido 6 años de prisión por malversación (también por ello 10 años de inhabilitación) y otros 7 años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
