De la Oliva pide más medios y subraya que la justicia intenta salir adelante "a trancas y barrancas"
VALENCIA (EP). Los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana tramitan en la actualidad unas 250 causas de corrupción de especial complejidad, lo que ha obligado a destinar apoyos a los órganos judiciales encargados de instruir estos asuntos. El objetivo es, por un lado, agilizar los procesos y, al mismo tiempo, evitar que se resienta la tramitación de los asuntos ordinarios.
Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencian (TSJCV), Pilar de la Oliva, durante su intervención en la Apertura del Año Judicial, en un acto en el que ha estado acompañada por el fiscal superior de la Comunitat, Antonio Montabes; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; y diferentes autoridades del mundo judicial y policial.
En su discurso, De la Oliva ha puesto de manifiesto la falta de recursos en justicia, lo que complica la atención de los numerosos asuntos que se tramitan en los juzgados valencianos. Como ejemplo, se ha referido a la jurisdicción penal, y ha destacado que en este territorio existen en estos momentos alrededor de 250 causas de corrupción de especial complejidad.
Ante esta situación, se ha intentado destinar apoyos a estos juzgados que conocen asuntos especialmente complejos o voluminosos, ha explicado De la Oliva. Pese a ello, ha lamentado que la situación en los juzgados penales de Castellón, Alicante, Gandia y Torrevieja "sigue siendo altamente preocupante".
Por otro lado, en materia mercantil, los juzgados superan "ampliamente" el número de asuntos que deberían tramitar, según los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); en los juzgados de lo Social, a la "ingente" carga de trabajo que ya recaía sobre ellos, "se han añadido nuevas materias" como consecuencia de recientes reformas legislativas.
En el orden Contencioso-Administrativo, también el número de asuntos es voluminoso, ha afirmado De la Oliva, quien ha abogado por establecer juzgados comarcales especializados y asistidos de profesionales para la mejor protección y garantía de los ancianos y personas con capacidad judicialmente modificada.
En total, en 2015 han ingresado en los juzgados y tribunales de la Comunitat, en todos los órganos jurisdiccionales, prácticamente un millón de asuntos. También en este periodo se ha puesto fin a casi un millón de asuntos. "Importa resaltar entonces que se han resuelto unos 25.000 asuntos más de los que han entrado", ha afirmado.
De la Oliva se ha mostrado "consciente" de la "difícil" situación económica que atraviesa España, por lo que ha abogado por el desarrollo de la Oficina Judicial, la potenciación de Servicios Comunes y la idea de posibles tribunales de instancias para optimizar los "limitados" recursos disponibles.
"La realidad de nuestra justicia --ha añadido-- no es muy diferente de la que describía en anteriores discursos: sobrecarga de trabajo, escasez de medios, modelo organizativo inadecuado... En suma, una justicia que intenta salir adelante, a trancas y barrancas, gracias al voluntarismo, al empeño de magistrados, jueces y funcionarios de todas las categorías que desarrollan un esfuerzo muy superior al lógicamente exigible".
Ante ello, ha indicado que está "moralmente obligada" a solicitar de las administraciones públicas "el apoyo y soporte imprescindible para mejorar la difícil situación de los juzgados y tribunales".
A su juicio, el ideal de una justicia eficaz, rápida y jurídicamente fundada "es una exigencia del Estado de Derecho y, a la vez, un derecho irrenunciable de todos y cada uno de nuestros conciudadanos". Pero también una justicia ágil y bien organizada es, según la presidenta, "una palanca de progreso, de activación económica, de desarrollo", y en este contexto "constituye un incentivo para toda clase de inversiones que pueden generar bienestar social".
Por todo, De la Oliva mantiene la "esperanza" en que los responsables políticos, las instituciones y los ciudadanos "sigan empeñados en realizar cuanto sea necesario para que los españoles y los valencianos tengan algún día, por fin, la Administración de Justicia que se merecen".
El TSJCV está pendiente de dictar la sentencia de la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, cuyo juicio concluyó el pasado mes de abril. Preguntada a De la Oliva --quien ha presidido el tribunal juzgador-- por los plazos, ha indicado que están "trabajando".
"Seguimos trabajando con la mayor intensidad", ha dicho, y ha agregado: "Es un trabajo muy complicado, es un año de juicio, muchos testigos, muchos acusados que declararon y una prueba documental ingente que hay que ver todo y coordinar todo. Hay que poner en relación unos correos con otros y hay que construir una realidad que pasó hace muchos años". "La sentencia es un todo, y cuando se notifique, verán lo que es ese todo", ha apostillado.
Por otro lado, se le ha preguntado a De la Oliva por la situación del diputado en las Corts y exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Miquel Domínguez, sobre quien el juez que instruye el caso Imelsa pidió que se investigase por un presunto delito de blanqueo de capitales al ostentar la condición de aforado. "La Sala notificará la resolución que consideremos oportuna en el momento adecuado. Tenemos muchas cosas además de este caso, tenemos nuestros trámites y nuestros calendarios y se va resolviendo todo", ha aseverado.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) incoó un total de 72 procedimientos contra aforados en el año 2015, un 3% más que el año anterior. Sin embargo, en ambas ocasiones, tan solo fueron abiertas unas diligencias previas.
Así lo ha indicado este miércoles el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, durante su intervención en la Apertura del Año Judicial, en un acto presidido por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva.
Montabes ha aprovechado su discurso para presentar la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat del año 2016, relativa al ejercicio 2015. En primer lugar se ha referido a los procedimientos penales y ha señalado que el TSJCV incoó 72 procedimientos contra aforados.
En el ámbito Civil, se dictaminaron 46 recursos de casación con base en la Ley Valenciana 5/2011 sobre el régimen de convivencia compartida de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, lo cual supuso una disminución del 15%.
En materia Contencioso-Administrativa, hubo 380 dictámenes de competencia, con una disminución del 10%; y en el ámbito Social el fiscal realizó 21 dictámenes de competencia y asistió a las vistas señaladas.
Con respecto a la evolución de la criminalidad, Montabes ha resaltado que disminuyeron más de un 8% las diligencias incoadas por las distintas formas de homicidio y un 2% por delito contra la Administración Pública, aunque aumentaron "muy significativamente" las de fraude a la Seguridad Social, que pasaron de cuatro a 34.
Bajaron un 15% las diligencias por robo con violencia o intimidación y aumentaron a 52, más de un 92%, las abiertas por delito de tortura y contra la integridad moral; un 10% por delito contra la libertad sexual; un 5% por delito contra las relaciones familiares; y un 4% por delito contra la Administración de Justicia.
Montabes se ha referido también a los medios personales y materiales de Fiscalía. Ha afirmado que al igual que se está haciendo en otras comunidades, también en la valenciana se trata de implantar un nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal que permita agilizar y mejorar la eficacia de la Administración de Justicia con un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
En la última Comisión Mixta, de febrero de 2016, la Conselleria de Justicia apostó por el modelo implantado en el territorio del Ministerio de Justicia, diseñado en coordinación con la FGE, con organización por áreas funcionales.
Y se llegó al acuerdo de crear un grupo de trabajo entre la Subdirección de Modernización de la Conselleria y los Fiscales Jefes Provinciales para elaborar el proyecto de resolución y las relaciones de puestos de trabajo.
Montabes ha indicado que está en estudio, y "prácticamente consensuado", el proyecto de orden de la Conselleria de Justicia por la que se determina la estructura y organización de la Oficina Fiscal en la Comunitat Valenciana y de la Unidad de Apoyo al Fiscal Superior.
Con todo, el fiscal superior ha destacado la "importancia" del papel del ministerio fiscal en todos los órdenes jurisdiccionales, su intervención como defensor de la sociedad y los derechos de los ciudadanos, especialmente de los colectivos más desfavorecidos y, por ello, para poder cumplir estos objetivos, "se precisan los mejores medios y una mayor inversión", ha reclamado.