VALENCIA. La querella que Álvaro Pérez, 'El Bigotes' ha presentado ante el Tribunal Supremo contra los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que lo condenaron a 12 años de cárcel el pasado mes de febrero se fundamenta en una cuestión que ya fue explicada por el tribunal que preside Pilar de la Oliva.
Así se puede comprobar en el auto firmado el 22 de febrero de 2017 tras recibir de los condenados varias peticiones de aclaración, subsanación y rectificación de la sentencia en lo relativo a las referencias a los documentos en formato informático que se señalan en los fundamentos de derecho de la sentencia".
La controversia se centraba en seis correos electrónicos enviados en su día por el entonces jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret a la empleada del Grupo Correa Isabel Jordan en los que avanzaba el contenido de un concurso aún no convocado. Los abogados manifestaban que no habían podido localizar los documentos en el sumario, concretamente se en las rutas informáticas indicadas en la sentencia.
Álvaro Pérez va más allá y acusa a De la Oliva, Antonio Ferrer y Juan Climent de introducir en la sentencia esos correos electrónicos que resultaron determinantes para probar la culpabilidad de varios acusados. Pérez acusa a los magistrados de un delito continuado de prevaricación y otro contra la libertad individual al decretar la prisión para él basándose en esos mensajes.
En el auto, los magistrados explicaban que los mensajes estaban un un disco duro que identificaban y señalaban la ruta de subcarpetas para localizar el lugar exacto donde estaban situados. Asimismo, explicaban con qué programa informático los habían extraído.
Por ello y dado que las partes disponían de esa información con anterioridad, el tribunal considera innecesaria la aclaración, subsanación y rectificación pedida alrespecto por las partes. Además, y "para facilitar la labor de las partes que manifiestan no localizar dichos documentos" anexa copias impresas de los documentos reseñados, "obtenidas y diligenciadas en las rutas reseñadas por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia".
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell