Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Todo apunta a que el veto urbanístico a los bloques exclusivos de pisos turísticos en varias zonas de València no llegará este mandato. La concejalía de Urbanismo ha encargado un estudio detallado sobre la incidencia de la implantación de este tipo de edificios en el carácter residencial de los barrios de la ciudad. Un estudio que se plantea como paso previo a poner en marcha -o no- los cambios urbanísticos necesarios que limiten la irrupción de estas dinámicas turísticas en la ciudad.
El departamento que dirige Sandra Gómez, adjudicó un contrato menor el pasado mes de mayo con este objetivo precisamente, el de elaborar el mencionado estudio, por un valor total de 16.577 euros. Según las especificaciones de la adjudicación, realizada a una consultora, el contrato tiene una duración de ocho meses. De manera que previsiblemente, los trabajos de análisis y estudio se desarrollen hasta el mes de enero aproximadamente.
Unos plazos que complican notablemente que el gobierno municipal pueda implantar medidas restrictivas de calado durante este mandato, teniendo en cuenta que restarían aproximadamente tres meses desde que finalizara el estudio. Tiempo justo, por no decir escaso para emplear una de las herramientas al alcance del consistorio como la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proceso no especialmente ágil, como tampoco lo es la aprobación de otro tipo de normativas municipales.
Hace año y medio que ronda la iniciativa por los despachos municipales. Entonces, la concejalía de Vivienda, que encabeza Isa Lozano, propuso la implantación de una moratoria temporal de dos años para suspender la tramitación y otorgamiento de permisos a apartamentos turísticos en régimen de explotación hotelera en edificios de uso exclusivo.
Se trataba de una medida para áreas con calificación urbanística de Ensanche y también de Centro Histórico Protegido, excepto aquellas zonas con un Plan Especial -Cabanyal y Ciutat Vella-, que afectaba a 37 barrios de la ciudad, y que se planteaba en términos cautelares en vistas a poder modificar, durante la moratoria, el PGOU para hacer definitivas las medidas restrictivas.
Sin embargo, la medida se topó con obstáculos jurídicos y legales por parte de Urbanismo. El departamento de Gómez advirtió de que no se podía implantar una restricción de este calado de una forma tan generalizada, por lo que instó a "hilar más fino" y justificar en cada zona por qué se implantaban estas restricciones. Vivienda volvió a presentar un informe, donde la medida se reducía a 11 barrios, comprendidos principalmente entre los distritos de Eixample, Extramurs, La Saïdia y Poblats Marítims.
Sin embargo, tampoco acabó de convencer a la edil de Urbanismo, quien consideró que las viviendas turísticas no eran la única amenaza que pendía sobre los barrios de la ciudad, y propuso ampliar el veto también a otro tipo de negocios como por ejemplo los fondos buitre o los edificios dedicados exclusivamente a oficinas.
Así, Urbanismo encargó en mayo un nuevo estudio sobre la incidencia real de los bloques exclusivos de pisos turísticos en la ciudad. Estudio que finalizará en enero, muy próximo a los comicios municipales.
