El veto a los bloques turísticos en València, en el aire por el debate jurídico entre PSPV y Compromís

VALÈNCIA. La moratoria a los bloques exclusivos de viviendas turísticas que anunció hace poco más de un mes la concejala de Vivienda, Isa Lozano, sigue en el aire. El debate jurídico entre dicho departamento y la concejalía de Urbanismo, que encabeza Sandra Gómez, está retrasando la aprobación de este veto temporal, que Lozano pretendía alumbrar en el pleno de abril. No llegará a tiempo, como publicó Valencia Plaza, porque todavía ambas áreas mantienen conversaciones y negociaciones al objeto de encajar jurídicamente el anuncio de la edil de Vivienda, que según diferentes fuentes consultadas por este diario, todavía no se ha convertido en una propuesta definitiva. 

La idea inicial era suspender la tramitación y el otorgamiento de las licencias y declaraciones responsables de obras y actividades para la implantación de nuevos apartamentos turísticos en régimen de explotación hotelera en edificios de uso exclusivo durante dos años. Y todo ello afectaría a una gran área de toda la ciudad de València, repartida en 37 barrios diferentes. Concretamente, se pretendía aplicar a las áreas con calificación urbanística de Ensanche y también de Centro Histórico Protegido, excepto aquellas zonas con un Plan Especial aprobado, como Ciutat Vella o próximamente el Cabanyal.

La intención es clara: en palabras de Lozano, se busca "paralizar movimientos especulativos de fondos buitre y grandes corporaciones que para desarrollar su actividad expulsan al vecindario de los barrios de la ciudad", a la vista de algunos casos mediatizados como la reconversión de un edificio en la calle Túria del uso residencial al turístico. No obstante, todo indica que el planteamiento original del departamento de Vivienda ha encontrado algunos reparos técnicos en la concejalía de Urbanismo.

En esta segunda defienden que un veto de estas características, que ya se aplicó en su momento en Ciutat Vella mientras se elaboraba el Plan Especial del casco histórico, requiere por normativa de una justificación y un razonamiento de peso, como la saturación de este tipo de usos en las zonas afectadas. Un panorama que, inciden en Urbanismo, no se ha acreditado en muchas de las áreas que Vivienda había previsto en su plano inicial, que a continuación se reproduce y que se puede ampliar aquí.

En este sentido, subrayan en el departamento de Urbanismo, existirían "dudas jurídicas" sobre la viabilidad de la propuesta y auguran que de no modificarla, los futuros recursos -la asociación de pisos turísticos ya ha anunciado el suyo- tendrían muchas posibilidades de salir adelante contra el veto consistorial al estar el Ayuntamiento limitando la competencia en una actividad económica concreta sin haber constatado previamente una saturación en aquellos barrios en los que se va a aplicar la limitación. Asimismo, señalan que los organismos reguladores exigen que la moratoria sea el último recurso y que antes de aplicarla se haya hecho uso de las diferentes herramientas que tiene la administración para rebajar la presión sobre la vivienda como la construcción de vivienda pública.

La concejalía de Vivienda confirmó estas discrepancias y defendió que el anuncio de Lozano es viable, si bien resaltaron que se está trabajando codo con codo junto con el departamento de Urbanismo para alcanzar una propuesta definitiva consensuada. Con todo, los plazos parecen estar todavía en el aire, pues la moratoria que finalmente se proponga al pleno para su aprobación requeriría, según defienden en Urbanismo, de una zonificación previa para determinar en qué barrios se podría aplicar y en cuáles no. Ahora bien, si algo hay claro es que barrios como el de Russafa entrarán seguro en el veto.

Además, la intención inicial pasaba por aprovechar esta moratoria de dos años para estudiar en profundidad a medio plazo la modificación de las normas urbanísticas recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para incluir esta disposición de manera definitiva y permanente. Una prohibición que se sumaría a la que ya recoge el propio PGOU respecto a las viviendas de uso turístico: ahora mismo, este tipo de uso se circunscribe a las plantas bajas y primera planta y siempre por debajo de un uso residencial. De esta manera, el Ayuntamiento de València acotaría también la compra de edificios enteros para destinarlos a este uso terciario.

Lo cierto es que, mientras está en ciernes la nueva restricción, los bloques exclusivos de pisos turísticos continúan proliferando en el Cap i Casal. El Ayuntamiento de València continúa tramitando licencias solicitadas por empresas y grupos de inversión para convertir edificios enteros en bloques para apartamentos turísticos. Un ejemplo, como publicó Valencia Plaza, se puede ver en la céntrica calle de Russafa, en una ubicación muy próxima a la calle de Colón y a la Plaza de Toros de València. Allí el servicio de Actividades del Ayuntamiento tramita, en cumplimiento de la regulación vigente, el proyecto de un edificio de apartamentos turísticos que se pretende ubicar en el número 22 de la mencionada vía, que estaría afectada por el veto temporal.