Urbanismo cree que el veto a bloques turísticos es insuficiente y pide ampliarlo a fondos buitre

VALÈNCIA. La moratoria de dos años para impedir la instalación de bloques exclusivos de uso turístico en la ciudad de València no termina de seducir a la concejalía de Urbanismo que dirige Sandra Gómez. Así, la edil muestra reticencias ante la propuesta final que presentó el área de Vivienda de Isa Lozano esta misma semana: frenar la implantación de este tipo de negocios durante al menos dos años en un total de 11 barrios de la capital, mientras se redacta la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá introducir definitivamente la prohibición. 

El veto temporal afectaría no solo a los edificios de apartamentos turísticos sino también a los hoteles, hostales, pensiones e incluso a las residencias de estudiantes. Pero nada de eso es suficiente para la concejalía de Gómez, que pide ir incluso más allá: su propuesta es vetar también la compra de edificios enteros a cualquier uso terciario que pueda ser nocivo para la calidad de vida de los vecinos y vecinas del entorno. Esto es, principalmente, fondos buitre y oficinas.

En el caso de los fondos buitre, la titular de Urbanismo se ha mostrado "especialmente preocupada" por la actividad que se ha comenzado a detectar a lo largo de los últimos años. Movimientos en los que las empresas o fondos compran un edificio entero para dedicarlo al alquiler de larga estancia de alto nivel. Es decir, más caro que el precio medio del barrio, lo que bajo su perspectiva termina por influir en el mercado y "expulsar" a los habitantes del entorno que no tienen medios para hacer frente a esas exigencias.

De este modo, ha resaltado que los edificios exclusivos de uso turístico no son el único problema que encara ahora mismo la ciudad de València, por lo que ha instado a ampliar la perspectiva del veto y hacerlo más ambicioso para abarcar todos aquellos negocios que tienen un impacto negativo sobre los barrios. A este respecto, es previsible que Urbanismo rechace la propuesta de Vivienda por considerarla "insuficiente", al no atender todas las necesidades reales que se contemplan dentro de esta problemática.

Abordar el problema de manera "integral"

Y es que, el veto a la implantación de edificios enteros de uso terciario -inicialmente tan solo turístico- es un asunto pendiente que se ha ido alargando entre la concejalía de Vivienda y la de Urbanismo. En un principio, el área que dirige Isa Lozano tenía la intención de llevar la moratoria de dos años al pleno del mes de abril pero su aprobación, pero finalmente la retiró con la intención de pactarla con la concejalía de Sandra Gómez. 

Un pacto que no llegó tampoco al mes de mayo, tal y como estaba previsto, puesto que tanto Urbanismo como los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideraron que podría afrontar serios problemas legales si se implantaba tal y como la habían presentado desde Vivienda. Principalmente, el problema que achacaban era que una medida tan puramente restrictiva -bloquear durante dos años las licencias para bloques exclusivos de uso turístico- no se podía implantar de una manera tan generalizada. Y es que, la propuesta inicial abarcaba hasta 37 barrios de la ciudad. Es decir, casi toda su superficie.

Así, con este aviso, Vivienda puso en marcha un estudio para conocer las necesidades reales de los barrios y así identificar de manera clara y específica dónde era verdaderamente un problema la proliferación de estos negocios. Estudio que, a principios de esta semana, arrojó sus resultados: once barrios repartidos entre los distritos de l'Eixample, Extramurs, Saïdia y el Grao. De este modo, Vivienda tenía intenciones de volver a reunirse pronto con Urbanismo para presentar una nueva propuesta y, en caso de que hubiera acuerdo, llevarla a pleno para aprobarla. 

Algo que podría complicarse ante las nuevas exigencias del área, quien considera que la prohibición podría ser mucho más dura al ampliarse también a otro tipo de negocios: "Se habla mucho de los apartamentos y de los hoteles, pero puede darse el mismo problema con la compra de viviendas que acaban convirtiéndose en oficinas o edificios residenciales para rentas altas", aludía Gómez al respecto.

En este sentido, ponía como ejemplo los recientes acontecimientos que han tenido lugar en el barrio de Fuensanta: "Algo que, por ejemplo, está pasando en la Fuensanta, donde un fondo de inversión ha comprado un lote de viviendas y ahora está intentando expulsar a las familias. No es para apartamentos ni es una zona turísticamente tensionada. Por eso, el Ayuntamiento debe elaborar una estrategia que aborde el problema de una manera más integral", pedía. 

Aunque, eso sí, Sandra Gómez ha incidido en el planteamiento inicial de implantar esta medida "con todas las garantías jurídicas y legales", tal y como ya exigió en el momento de la revisión geográfica de los barrios en los que se preveía aplicar el veto: "La propuesta que se haga desde Vivienda debe utilizar todas las herramientas posibles que abarque soluciones para todo tipo de situaciones, sin dejar ningún escenario fuera", concluía.