Fachada de los juzgados de Alicante, en Benalúa. Foto: PEPE OLIVARES ALICANTE. El concurso de acreedores de la promotora alicantina Grupo Empresarial La Cañada, participada por el histórico promotor y constructor alicantino Joaquín Rocamora y por la empresaria valenciana Mari Carmen Lladró, de la segunda generación de la conocida familia que fundó la empresa de porcelanas del mismo nombre, podría no estar tan cerrado como indica la última resolución judicial al respecto. A pesar de que el auto en el que se aprobaba el cierre del concurso con un único acreedor, la Sareb, era firme, dicha resolución está ahora recurrida ante la Audiencia Provincial de Alicante.
Lo más llamativo es que quien ha recurrido la decisión del juez de lo Mercantil 2 de Alicante de dejar a la Sareb como único acreedor y, teniendo en cuenta su garantía hipotecaria, declarar el cierre del concurso sin haber llegado a la fase de convenio, no ha sido ni el 'banco malo' ni ningún otro acreedor de los que poco a poco fueron excluidos de la lista. La impugnación la ha presentado quien fue durante cuatro años administrador concursal de la empresa. La razón es que, a juicio del ex administrador, la retirada del resto de créditos (bien por acuerdos, por cesión o por condonación) o su satisfacción antes de atender la deuda con la Sareb va contra la ley, puesto que el acreedor privilegiado debe ser el primero en cobrar.
En este sentido, cabe tener en cuenta que el ex administrador concursal de Grupo Empresarial La Cañada no es quien pidió en su último informe el cierre del concurso tras comprobar que no quedaban más acreedores que la Sareb. En realidad, tras cuatro años con el proceso bloqueado (pese a ser un concurso abreviado, que debe durar como máximo un año), la concursada logró separar al administrador del concurso el pasado mes de marzo: en tres meses, la nueva administración concursal, encarnada por la consultora PwC, pidió el cierre y el juez lo aceptó. Resolución que, como ha contado este diario, aboca a la Sareb a acudir la vía ejecutiva si pretende recuperar algo del crédito que reclama.
Grupo Empresarial La Cañada presentó en los años del 'boom' un proyecto para construir un campo de golf con un complejo turístico en la localidad alicantina de Onil, y obtuvo la financiación bancaria de Bankia, con los terrenos donde iba a construir dicho campo y las viviendas como garantía. Finalmente, y aunque tenía luz verde, fue la propia promotora la que retiró el proyecto. La deuda de 12 millones con Bankia pasó a la Sareb, que en 2017 logró que fuese reconocida en una sentencia de la Audiencia Provincial, lo que precipitó la declaración del concurso de la promotora a petición de Attivare Capital, de Lladró, socia y a la vez acreedora de la empresa, en su condición de fiadora del préstamo.
La propia declaración del concurso fue recurrida por Grupo Empresarial La Cañada, y aunque el recurso fue desestimado, la suspensión del procedimiento mientras la Audiencia se pronunciaba permitió llevar a cabo varias operaciones encaminadas a reducir el número de acreedores, según denuncia el ex administrador concursal. Éste elaboró su informe sobre el destino del préstamo de la Sareb examinando no solo a la concursada, sino a otras empresas que consideró parte de un grupo, al estar controladas por la familia Rocamora. La concursada intentó desmontar esta tesis con un informe encargado al Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante (UA), pero el Supremo avaló el contrainforme elaborado por el administrador concursal.
Con todo, el concurso quedó bloqueado, hasta el punto de pasar cuatro años en la fase común cuando debería haber transcurrido uno como máximo. En este tiempo, el ex administrador concursal pidió hasta en ocho ocasiones que se abriese la fase de liquidación, pero el juzgado lo rechazó porque las fincas donde se iba a desarrollar el fallido proyecto inmobiliario se habían convertido en una explotación agrícola que, aunque exiguos, generaba ingresos. Paradójicamente, bajo la gestión del administrador concursal que quería liquidar la empresa. La Sareb, por su parte, solicitó al menos en dos ocasiones la apertura de la fase de liquidación, también sin éxito.
Finalmente, y tras una escalada de la tensión entre la concursada y su administrador, Grupo Empresarial La Cañada logró separarlo del cargo hace solo unos meses, y el juzgado nombró a PwC en su lugar. Tras cuatro años bloqueado, el nuevo administrador concursal pidió cerrar el concurso al constatar que solo quedaba la Sareb como acreedor, con una deuda ahora de 12,7 millones (llegó a ser de 17), tal como publicó este periódico la semana pasada. Propuesta aceptada por el juez y recurrida por el antiguo administrador concursal, que pide a la Audiencia retrotraer el concurso al momento en que pidió por primera vez la liquidación de la promotora.
