Fotos Álvaro minguitoMADRID. El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves 2 de diciembre una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para calificar al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta de Aldaia como tribunal consuetudinario, ratificando la postura del Senado y situándolo "dentro del entramado judicial del Estado Español". Ahora, por tanto, lo han dotado de la misma relevancia jurisdiccional que al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de hombres buenos de Murcia.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Guillermo Luján, lo ha calificado de "día histórico", mientras que el presidente del Tribunal y Catedrático de Derecho Procesal de la UV, Josep Bonet, ha expresado su "alegría y agradecimiento" y ha valorado el apoyo institucional y político y destaca la importancia histórica de esta modificación. Asimismo, el vicepresidente, Joan Carles Raga, ha destacado "el carácter irrevocable de nuestras sentencias a partir de esta ratificación. Esto, además, representa un homenaje a nuestro pasado y futuro agrícola".
Además, durante la sesión plenaria, el Congreso también ha calificado al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como tribunal tradicional y consuetudinario. En este sentido, Miguel Mazón, abogado del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y alma mater de la reivindicación recuerda que "el camino para este reconocimiento, desde luego, no ha sido fácil, y se inició cuando a finales del año 2012, la Junta de Síndicos y Electos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela materializó el acuerdo de solicitar a los plenos corporativos del Ayuntamiento de Orihuela, de los de la Vega Baja, y de la Diputación Provincial de Alicante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Para celebrar este acontecimiento, l'Associació de Juristes Valencians ha convocado una concentración el mismo 2 de diciembre a las 13 horas en la escalinata del Congreso para celebrar este éxito y destacar como desde la unidad social y política los regantes de estas instituciones tradicionales conseguirán este reconocimiento que acarrea efectos jurídicos muy relevantes al garantizar que sus resoluciones sean irrevocables salvo por el Tribunal Constitucional.
En el acto han participado el alcalde de Orihuela, las alcaldesas de Bigastro, Almoradí y Albatera, y alcaldes y concejales de muchas otras localidades de la Vega Baja, y la corporación municipal de Aldaia. También han confirmado su asistencia diputados, senadores y diputados de les Corts Valencianes, y numerosos empresarios de la Fundación Conexus, directivos de la Casa de la Comunitat Valenciana en Madrid junto con socios de la Associació de Juristes Valencians e ilustres valencianos residentes en la capital como el maestro Enrique García Asensio o Pascual Sala, ex presidente del Tribunal Constitucional.
Celebración de la protección del Juzgado Privativo de Orihuela (fotos ÁLVARO MINGUITO)
En la sesión de han estado presentes en la tribuna de invitados del Congreso los presidentes de ambos tribunales, Pedro Mompeán (Orihuela) y José Bonet (Aldaia), junto a miembros de sus órganos directivos, y los alcaldes de los dos municipios, respectivamente Emilio Bascuñana y Guillermo Luján.
En el debate, los representantes de los grupos parlamentarios que han intervenido han coincidido en afirmar que hoy se ha hecho "justicia" con dos instituciones históricas, para las que varios de ellos han pedido también su reconocimiento como patrimonio cultural de la Humanidad.
El diputado socialista Lázaro Azorín ha señalado que "estas instituciones favorecen la participación de la ciudadanía y constituyen verdaderos tesoros del patrimonio histórico", y que en ellas "se refleja una cultura de pacto y de respeto de las instituciones".
César Sánchez, del PP, ha opinado que hoy el Congreso ha hecho "justicia y también historia" y que los dos tribunales son "ejemplo para futuras generaciones", entre otras cosas por su compromiso "con el medio natural y su sostenibilidad", al tiempo que ha hecho un llamamiento a "ponerse de acuerdo en las políticas de agua para el futuro".
Por Vox, Manuel Mestre se ha referido a ambos tribunales como "auténticas instituciones sociales" de "enorme prestigio", que "permiten al ciudadano normal y corriente participar en la administración de justicia", y ha defendido que "deben ser reconocidos como patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO".
La parlamentaria de Unidas Podemos Marisa Saavedra, para quien "el siguiente paso es conseguir su declaración como patrimonio inmaterial de la Humanidad", ha dicho también que hoy se ha hecho "justicia con unas instituciones jurídicas históricas" y con "una forma de gestionar el agua disponible que debería ser ejemplo hoy en día" frente a las "irresponsables guerras del agua" actuales.
Joan Baldoví, de Compromís, ha declarado igualmente que "hoy se hace justicia al trabajo que han desarrollado ambos tribunales para ser reconocidos" y, como la representante de UP, ha abogado por que se reconozca el derecho civil valenciano como un "derecho foral moderno" a través de una reforma constitucional.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas se ha referido a los dos tribunales como "instituciones antiguas, incluso más de lo que se reconoce, milenarias" y "formas de participación ciudadana en la administración de justicia que superan perspectivas políticas o territoriales".
