Vista de una de las jaulas de la granja marina Basademar ALTEA. La piscifactoría de Altea, Basademar, sin ningún problema de tensiones financieras y con el respaldo de un gran grupo internacional como Culmarex, que acaba de comprar la granja acuícola de Culmar en Guardamar del Segura y promueve otra de nada menos que 8.000 toneladas de capacidad en Torrevieja, ha terminado sin embargo en concurso de acreedores. ¿El motivo? El conflicto iniciado a raíz de solicitar uno de los socios locales, miembro de la conocida familia Baeza, su derecho de separación tras varios años sin que Basademar, pese a tener beneficios, repartiese dividendos.
Al contrario que en el resto de mercantiles con las que Culmarex explota sus piscifactorías en el litoral mediterráneo, en Basademar la multinacional de capital canadiense y sede en Murcia no es el único socio, sino que un 33% está en manos de la conocida familia de empresarios alicantinos, dedicados a la pesca y distribución de pescado en sus propios establecimientos, además de otros sectores. Tras varios ejercicios sin repartir dividendos, uno de los tres socios de la familia ejerció su derecho de separación, que obliga a la empresa a comprar su parte (un 11%) al precio fijado por un experto independiente. Dicho experto valoró Basademar en 33 millones, por lo que Culmarex debía pagar más de 3,6 millones por las acciones.
Los argumentos del socio mayoritario de Basademar, cuyo administrador concursal es el abogado alicantino Carlos Noguerol, socio fundador de Noguerol Abogados y experto en concursos de acreedores y reestructuraciones, son básicamente que la piscifactoría no tiene capacidad de producción suficiente ni genera recursos para afrontar dicho pago. Tras declararse en concurso, la dirección de Basademar pidió otra valoración a PwC, que tasó la empresa en 6 millones, para tratar de impugnar la original. Sin embargo, el juez rechazó esta última valoración, por lo que de momento sigue valiendo la de 33 millones, según explica el administrador. El pasado viernes se aprobó el convenio en la que posiblemente sea la última junta de acreedores de la provincia (al entrar en vigor la nueva ley concursal), aunque hay un plazo de diez días para impugnarlo.
El convenio establece una espera de cuatro años y luego el pago del crédito ordinario en tres años más, con la particularidad de que el 96% de dicho crédito pertenece a la propia Culmarex. En cambio, la compra de las acciones por el derecho de separación del miembro de la familia Baeza se ha calificado como subordinado, por lo que no empezará a cobrar (si lo hace) hasta dentro de siete años. Curiosamente, ese plazo se aproxima al final de la concesión a la piscifactoría de Basademar en Altea, por lo que podría darse la circunstancia, si no se renueva, de que cuando llegue el día de empezar a cobrar el pago de sus acciones ya no haya concesión que explotar ni ingresos.
Noguerol, que presidió la junta de acreedores por orden del juez, ha dado su visto bueno al convenio pero con numerosas salvedades en su informe, especialmente tras trascender que Culmarex promueve una megagranja marina en Torrevieja y que acaba de cerrar la adquisición de la unidad productiva de Culmar en Guardamar. Las dos partes siguen intentando cerrar un acuerdo en cuanto a la valoración real de la empresa y la forma de compra de ese 11%, que si llegase a tiempo permitiría anular el convenio aprobado el pasado viernes y aprobar uno nuevo.
