La Fiscalía solicita la misma condena para el excomisario de la CHS Manuel Aldeguer y, en cambio, reclama que se declare el sobreseimiento provisional de la causa contra Rosario Quesada, la expresidentas de la CHS
MURCIA (EFE). Avanza la investigación del 'caso Topillo'. La Fiscalía ha pedido 21 meses de prisión y multa de 5.760 euros para el ex consejero de Agricultura y Agua del Gobierno murciano Antonio Cerdá y para el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura y actual director general de Agua de la Generalitat Valenciana Manuel Aldeguer por la presunta responsabilidad de ambos en la contaminación del Mar Menor, producida por los vertidos hechos a esa laguna salada.
El escrito del ministerio público, que este miércoles ha sido notificado a las partes, incluye también como acusados a casi medio centenar de agricultores y empresas agrícolas, a los que atribuye un presunto delito contra el medio ambiente por los vertidos hechos por las desalobradoras de sus explotaciones.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, dice al referirse a los hechos que atribuye a Cerdá que este se limitó a establecer "una previsión formal" para evitar los vertidos, pero que realmente no hizo nada al no controlar el cumplimiento de los programas de actuación sobre el uso de abonos nitrogenados en las explotaciones agrícolas.
En cuanto al excomisario de Aguas y actual director general del Agua en la Generalitat valenciana, añade el fiscal, su responsabilidad reside en que, pese a que conocía la existencia de gran número de sondeos y desalobradoras en el Campo de Cartagena que no contaban con la autorización debida, no llevó a cabo una actuación inspectora sobre los sondeos.
Con respecto a los agricultores y empresas a los que acusa, el ministerio público reclama para ellos penas que van desde los cinco meses hasta los seis años de prisión, además de responsabilidades civiles que llegan hasta la cifra, en algún caso, de 1,4 millones de euros, por el daño producido en el medio ambiente.
Por otro lado, solicita que se declare el sobreseimiento provisional de la causa contra Rosario Quesada, que fue presidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al considerar que el control de la existencia de pozos y desalobradoras ilegales correspondía al comisario de Aguas.
El escrito de acusación recalca que el Mar Menor viene sufriendo desde hace años un deterioro creciente como consecuencia, principalmente, de los vertidos procedentes de las explotaciones agrícolas, pero, también, por la presión urbanizadora, el turismo y las aportaciones procedentes de las aguas subterráneas del Campo de Cartagena.
El documento añade que los vertidos de la agricultura han ido a un ritmo creciente debido al uso generalizado de abonos nitrogenados para la optimización de las cosechas, para señalar igualmente que, como el agua procedente del Trasvase Tajo-Segura fue insuficiente, se acudió a la realización de pozos para extraer recursos subterráneos.
El ministerio público recuerda que el Mar Menor cuenta con varias figuras de protección medioambiental, como las de Paisaje Protegido, Área de Interés Geológico y de Protección de Fauna Silvestre y Humedal de Importancia Internacional, además de estar incluido en la Red Natura 2000.
