VALÈNCIA. (EP) El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha acordado este jueves proponer la creación de un grupo de trabajo para analizar la situación de los centros sociales residenciales, el futuro de la atención a las personas mayores y las medidas que deben adoptarse "inmediatamente" para preparar una respuesta adecuada ante posibles rebrotes de la pandemia del coronavirus.
Así lo ha dado a conocer la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha concretado que la próxima semana se convocará la Comisión Delegada de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y el Consejo Consultivo, para "discutir y determinar el contenido, alcance, equipos de trabajo y tiempos de ejecución, que no podrán ir más allá del mes de septiembre".
Asimismo, el departamento que dirige Pablo Iglesias ha destacado que el plan contempla que en este grupo estén representados, además de las distintas administraciones, personas expertas y agentes sociales.
Tras la reunión celebrada por videoconferencia, el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha calificado de "buena noticia y muy positiva" la puesta en marcha de este grupo de trabajo.
En declaraciones a Europa Press tras participar en el Consejo Territorial, el consejero ha explicado que ha propuesto que este grupo de trabajo no solo cuente con personas de servicios sociales, sino también de Sanidad. "Creo que al final el trabajo conjunto de las dos consejerías y los dos ministerios va a ser muy positivo", ha dicho el consejero.
En la reunión también ha insistido en la "extrañeza" que le produce que las comunidades lleven más de dos meses enviando datos de los fallecidos en residencias al Gobierno central y éste no haya ofrecido una información agregada con todos los datos en España. "Aunque es competencia de Sanidad, le he pedido que lo transmitiera porque esa información es útil para todos", ha añadido Reyero.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha mostrado su sorpresa al enterarse por la prensa de la propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, para crear el grupo de trabajo, algo que no estaba incluido en el orden del día del Pleno de Consejo Territorial.
"Nos hubiera gustado conocerlo previamente porque ya hemos trasladado en varias ocasiones la necesidad de trabajar en modelos de atención residencial avanzados, algo que se hace en Castilla-La Mancha", ha manifestado Aurelia Sánchez.
En cuanto a la propuesta de crear el grupo de trabajo, la consejera andaluza, Rocío Ruiz, ha expresado la necesidad de que ésta nazca con presupuesto y no como ocurrió con el caso de la Ley de la Dependencia, aunque ha mostrado la disposición de Andalucía a colaborar y ha recordado que la Consejería ya trabaja en este sentido.
En el Consejo Territorial, en el que han participado el vicepresidente Pablo Iglesias y los consejeros del ramo, también se ha acordado por unanimidad reconocer el "excelente" trabajo realizado durante la crisis del COVID-19 por los trabajadores y las trabajadoras de los servicios sociales.
Por otro lado, ha aprobado la distribución del tramo autonómico de las subvenciones para actividades de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 2020.
Así, Andalucía, Cataluña y Madrid recibirán casi la mitad de los fondos. En concreto, Andalucía recibirá 52,35 millones de euros (6,75 millones más que en 2019); Cataluña, 32,78 millones de euros (1,26 millones más), y Madrid, 27,6 millones (1,06 millones más). El titular madrileño de Asuntos Sociales se ha abstenido en el punto sobre la distribución del IRPF porque entiende que es desfavorable y perjudica a Madrid.
Les siguen la Comunidad Valenciana, con 21,34 millones de euros (3,21 millones de euros más); y Castilla y León, con 21,16 millones (813.933 euros más).
Por su parte, Galicia recibirá 17,12 millones de euros; Castilla-La Mancha, 3,35 millones; Canarias, 9,36 millones; Aragón, 9,34 millones; Extremadura, 8,56 millones; Murcia, 8,46 millones; Asturias, 5,5 millones de euros; Baleares, 4,68 millones; Cantabria, 3,24 millones; La Rioja, 2,47 millones; y Ceuta y Melilla, 1,92 y 1,95 millones, respectivamente.
En este punto, la consejera de Castilla-La Mancha ha solicitado al Gobierno una distribución "más justa". "Si bien desde el Ejecutivo autonómico estamos de acuerdo con el reparto, puesto que la financiación que llega a la comunidad supera los 13 millones de euros que es lo que solicitábamos como mínimo, hemos trasladado que hay que seguir avanzando en una distribución más justa entre comunidades autónomas", ha dicho la consejera castellano-manchega.
Igualmente, la consejera del ramo de Baleares, Fina Santiago, ha celebrado la evolución de las cuantías que llegan al archipiélago de forma progresiva desde que se asumió la gestión, aunque ha lamentado que todavía "son insuficientes" y ha reclamado que la recaudación de Baleares se invierta "en la totalidad en el territorio".
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Andalucía, Rocío Ruiz, ha votado a favor. En este caso, el presupuesto se corresponde con el del año anterior pero queda por confirmar el tramo autonómico. Para ello, la Consejería de Igualdad ha pedido que fije esta cuantía para poder convocar todas las subvenciones de manera inmediata dada la necesidad manifestada por las ONG y las entidades sociales.
En su intervención, la consejera de Política Social de Galicia, Fabiola García, ha reclamado un incremento del Plan Concertado, con el que se financian los servicios sociales municipales, ante la carga de trabajo que tienen sus profesionales y que se verá incrementada en las próximas semanas si asumen también la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, Fabiola García ha incidido en la petición de flexibilidad en la gestión de los 16.000 millones de euros asignados a las comunidades autónomas, para poder responder a las "necesidades extraordinarias del tejido social" provocadas por la pandemia.
En la reunión telemática, también se han aprobado los siguientes planes o programas sociales para el ejercicio 2020: Protección a la familia y atención a la pobreza infantil; Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales (100.000.000 euros); y Programas de intervención social integral para la atención e inserción del pueblo gitano (412.500 euros)
