El lío por el topónimo 'Castelló' cae en el olvido: más de dos años de litigio y sin visos de solución

CASTELLÓ. El conflicto legal por el topónimo Castelló saltará a la siguiente legislatura. El Acord de Fadrell asume que terminará el mandato sin noticias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a propósito del recurso Contencioso-administrativo interpuesto a finales de enero de 2021. A escasas semanas para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, "no hay ninguna novedad", según apuntan desde Alcaldía, respecto al litigio contra el Consell.

Y es que la vía judicial para resolver la disputa con la Generalitat parece que ha caído en el olvido. Al menos, así se desprende del tiempo transcurrido desde que la alcaldesa, Amparo Marco, anunciara la formalización del escrito ante el TSJCV. Más de dos años después, la única certeza es que en la Comunitat Valenciana existen dos localidades con prácticamente el mismo nombre. La única diferencia corresponde a la estructura de la denominación, combinada en el caso de la capital (Castelló) de la Plana.

Confusión administrativa

Fuentes municipales insisten en que solo puede haber una sola población con la citada denominación Castelló. Para ello, se remiten a la amplia argumentación jurídica del recurso. Por un lado, recuerdan que "históricamente, en topónimos con una designación compuesta, la primera parte suele ser la que corresponde al nombre popular, mientras que la segunda suele quedar como un complemento omisible que se explicita en los ámbitos oficiales". Por otro, ponen el acento en la confusión administrativa que se produce en los dos consistorios desde el 4 de septiembre de 2020, cuando el Consell, a través de decreto, aprobó el cambio de denominación de Villanueva de Castelló para convertirse en Castelló.

Esa resolución, avalada por un informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), derivó en octubre del mismo año en el acuerdo plenario impulsado por la alcaldesa de la capital de la Plana para solicitar a la Generalitat la revocación del decreto. Dicho acuerdo generó fricciones en el seno del Acord de Fadrell.

El PSPV y la oposición unidos

Solo el partido de la primera munícipe (el PSPV) respaldó la iniciativa, que sacó adelante gracias al apoyo en bloque de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox). Los otros dos socios del gobierno municipal, Compromís y Podem-EU, dividieron su voto. La formación valencianista se opuso, mientras que la confluencia se abstuvo para evitar posicionarse.

En el dictamen no solo se planteó abrir la vía de la "cortesía" al objeto de encontrar una solución satisfactoria para todas las partes. También se autorizó a la propia Marco a emprender acciones legales en el supuesto de que la negociación resultara infructuosa, como así sucedió en diciembre de 2020 después de que el Consell hiciera oficial su decisión de rechazar el recurso del Ayuntamiento. Un mes más tarde, en esa data de enero de 2021, comenzó el procedimiento judicial, del que se continúa sin tener noticias pese a tratarse de un tema sensible para el tripartito.

El pueblo valenciano de Castelló modificó por última vez su nombre en septiembre de 2020. Lo hizo tras años de pugnas vecinales y con varios cambios de topónimo, alguno por sentencia judicial. La designación definitiva llegó a raíz del decreto del Botànic.